Detrás de las puertas cerradas en las comisiones del Capitolio, asesores legislativos y representantes de la Junta de Supervisión Fiscal libran una batalla silenciosa sobre los términos de la reestructuración de la billonaria deuda de la AEE.
Fuentes cercanas al proceso confirman que la principal disputa gira en torno al propuesto «cargo legado», una tarifa de consumo adicional destinada al pago de los bonistas. Mientras el Ejecutivo favorece un acuerdo que minimice el impacto a clientes residenciales medianos y pequeños, grupos legislativos proponen alternativas de moratoria fiscal que no han sido bien recibidas por los acreedores internacionales.
Se anticipa que de no lograrse un acuerdo tripartito en los próximos 15 días, el tribunal de quiebras federal podría intervenir imponiendo un plan de ajuste de manera unilateral, lo cual aceleraría incrementos tarifarios indeseados.