La Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, señaló este lunes acuerdos de pago contrarios a la ley por más de medio millón de dólares, pagos sin contratos escritos y deficiencias en controles fiscales en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
La auditoría cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 y emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, excepto por los tres hallazgos contenidos en el informe.
"Las situaciones identificadas evidencian debilidades en controles administrativos y fiscales que deben ser atendidas con prontitud para proteger los recursos públicos, fortalecer la transparencia institucional y garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales que rigen la contratación y los desembolsos gubernamentales", expresó la Contralora.
Uno de los hallazgos principales revela que la CFSE formalizó 18 acuerdos de pago por $539,523 que no cumplían con las excepciones autorizadas por la Ley 98-2009 para este tipo de mecanismo.
Según la auditoría, dichos acuerdos fueron utilizados para sufragar gastos relacionados con la operación administrativa de la Corporación y no para situaciones excepcionales vinculadas directamente con la atención médico-hospitalaria de trabajadores lesionados, propósito específico para el cual fue concebida la excepción legal.
Los acuerdos de pago examinados incluyeron desembolsos por $123,522 para la adquisición de equipo médico duradero; y $374,119 para servicios de recogido, registro, transporte, almacenamiento, manejo, disposición y destrucción de expedientes médicos y administrativos, entre otros.
La auditoría también identificó que la Corporación realizó pagos por $23,723 para la adquisición de servicios profesionales sin que existieran contratos escritos entre las partes, incumpliendo requisitos fundamentales de la contratación gubernamental.
Los pagos estuvieron relacionados con certificados de salud para empleados de la Corporación y servicios médicos de transportación.
Otro aspecto señalado por los auditores fue la formalización de acuerdos de pago sin contar con todas las certificaciones requeridas por reglamento para validar la situación contributiva y fiscal de los proveedores.
El segundo hallazgo del informe está relacionado con la ausencia de controles presupuestarios efectivos sobre contratos de servicios médicos y profesionales.
Como resultado, entre mayo de 2019 y noviembre de 2023 la Corporación aprobó 28 acuerdos de pago por $1.7 millones para atender obligaciones relacionadas con el Área Médica, incluyendo casos en los que los contratos vigentes habían agotado sus fondos antes de su vencimiento o mientras se gestionaban enmiendas contractuales.
El tercer hallazgo señala deficiencias en los procesos de preintervención y revisión de facturas relacionadas con acuerdos de pago.
Los auditores identificaron que 69 facturas por $98,774 fueron procesadas y pagadas sin incluir la certificación requerida de ausencia de interés, documento exigido por el Código Anticorrupción para certificar que ningún funcionario o empleado público tiene participación económica o interés en los contratos objeto de facturación.
Asimismo, la Corporación no pudo suministrar para examen 98 facturas por $112,927 emitidas entre los años 2014 y 2023. La ausencia de dichos documentos impidió verificar en todos sus detalles la corrección y legitimidad de los pagos efectuados.