Una auditoría reveló deficiencias en el cobro de más de $2.3 millones en arrendamientos de la Administración de Terrenos de Puerto Rico, así como eliminación de deudas por casi $1 millón sin agotar todas las acciones de recuperación.
Así lo informó este martes la Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, quien indicó que la auditoría cubrió el período del 1 de julio de 2018 al 15 de marzo de 2024 y emitió una opinión cualificada.
"Las situaciones identificadas en esta auditoría evidencian debilidades en los procesos de cobro y seguimiento que requieren acciones correctivas inmediatas para proteger los recursos públicos y maximizar la recuperación de ingresos adeudados al Gobierno", expresó la nueva Contralora.
La Administración utiliza su inventario de propiedades para arrendamientos a corto y largo plazo, así como para proyectos de desarrollo económico y social. Como parte de esas operaciones, genera ingresos mediante contratos de arrendamiento de terrenos y propiedades bajo su control.
Al 30 de junio de 2023, la entidad mantenía 144 cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos que totalizaban $2,317,171. De estas, 109 cuentas por $2,005,984 tenían atrasos mayores de 90 días, lo que representaba el 87 % del total adeudado.
La auditoría determinó que la Oficina de Presupuesto y Finanzas no realizaba gestiones de cobro efectivas ni analizaba trimestralmente la morosidad de las cuentas por cobrar, según exige la reglamentación vigente.
Como parte del examen, los auditores evaluaron 16 cuentas por cobrar que totalizaban $1,405,260, de las cuales 15 por $1,224,256 mantenían atrasos superiores a 90 días.
La situación más significativa identificada por la auditoría está relacionada con la eliminación de cuentas mediante el mecanismo de 'write-off'.
Entre junio y noviembre de 2023, la Administración eliminó de sus registros de contabilidad ocho cuentas de arrendamiento por un total de $1,057,987, al considerarlas incobrables.
Sin embargo, el examen concluyó que la falta de controles adecuados y de gestiones de cobro oportunas propició el envejecimiento de las cuentas, dificultó la recuperación de los fondos adeudados y provocó que numerosas deudas fueran consideradas incobrables.
La auditoría también identificó deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la Ley 103-2006 y el Reglamento 53 de 2008, que requieren la remisión periódica a la Oficina de la Contralora de los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada.
El examen reveló que, de los 48 informes remitidos entre julio de 2018 y junio de 2022, ocho fueron presentados tardíamente, con retrasos que fluctuaron entre cuatro y 114 días posteriores a la fecha límite establecida.
Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2023, la Administración de Terrenos generó ingresos por $81.7 millones y efectuó desembolsos por $53 millones, reflejando un sobrante acumulado de aproximadamente $28.6 millones.