La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este jueves varias medidas, entre ellas convirtió en la Ley 123-2026 el Proyecto del Senado 139, una medida que fortalece la aplicación de la Ley de Armas de Puerto Rico al corregir una omisión relacionada con la posesión, portación y transportación de partes esenciales de armas de fuego.
La nueva legislación de la senadora Marially González, enmienda varias disposiciones de la Ley 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, para definir con mayor precisión qué constituye una "parte de un arma de fuego" y establecer como delito la posesión, portación o transportación de dichas partes sin la licencia correspondiente.
De igual forma, dispone que la adquisición de estas partes requerirá una licencia de armas vigente.
Del mismo modo, González también convirtió en la Ley 124-2026 el Proyecto del Senado 732, de la autoría del senador Rafael Santos y en coautoría de los senadores Wilmer Reyes, Jeison Rosa Ramos, Luis D. Colón, Héctor J. Sánchez, Brenda Pérez, Karen M. Román y Jamie Barlucea.
La nueva medida enmienda la Ley Núm. 8-2004, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, para requerir que en torneos deportivos, competencias y escuelas especializadas en deporte se garantice la presencia de, al menos, un terapeuta atlético licenciado, fortaleciendo así la prevención y el manejo adecuado de lesiones y emergencias médicas durante la práctica deportiva.
"Con esta ley damos un paso importante para que quienes practican deporte cuenten con atención profesional inmediata cuando más la necesiten, promoviendo entornos deportivos más seguros y fortaleciendo la cultura de prevención en Puerto Rico", indicó la gobernadora.
La medida responde a la política pública de continuar elevando los estándares de seguridad en el deporte, reconociendo el rol esencial que desempeñan los terapeutas atléticos en la evaluación, prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones deportivas, así como en la atención de emergencias durante actividades competitivas.
La legislación complementa las disposiciones establecidas en la Ley 132-2024, que reglamentó la práctica y el licenciamiento de estos profesionales en Puerto Rico.
Las gobernadora también rubricó la Resolución Conjunta 34-2026, una medida de autoría de los senadores Rafael Santos y Wilmer Reyes Berríos, que declara a la Tuna Estudiantil de Cidra como Patrimonio Cultural del municipio de Cidra, en reconocimiento a su extraordinaria aportación al desarrollo cultural, educativo y artístico del pueblo.
La ley reconoce oficialmente la trayectoria de la Tuna Estudiantil de Cidra y ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña realizar las gestiones pertinentes para cumplir con la medida.
Además, autoriza al Instituto y al Municipio de Cidra a desarrollar campañas de promoción, actividades educativas, publicaciones y eventos dirigidos a divulgar la historia, aportaciones y legado de esta emblemática agrupación.
Por último, la gobernadora, convirtió en ley la Resolución Conjunta 35-2026, de la autoría de los senadores Rafael Santos y Wilmer Reyes Berríos, con el propósito de declarar a la Banda Escolar de Cidra como Patrimonio Cultural del municipio de Cidra.