Un empleado del Departamento de Hacienda y un empresario se declararon culpables en el Tribunal Federal por participar en un esquema de fraude electrónico que ocasionó pérdidas de aproximadamente $665,693 al gobierno de Puerto Rico mediante la alteración de información en planillas y registros contributivos, se informó el martes.
Harry Mueriel-Falero admitió su participación en una conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que Gabrielle López-Berríos se declaró culpable por ese mismo delito y por conspirar para sobornar a otro empleado de Hacienda con el fin de obtener beneficios contributivos ilegales, informó el martes la Fiscalía federal.
Según los acuerdos de culpabilidad, Mueriel-Falero aprovechó el acceso privilegiado que tenía al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) mientras trabajaba en el Departamento de Hacienda para modificar información contributiva de personas y empresas, eliminar o reducir deudas contributivas y gestionar reintegros indebidos.
A cambio de esas gestiones, el empleado aceptó pagos en efectivo y otros beneficios. La investigación determinó que el esquema operó entre junio de 2023 y diciembre de 2024 y provocó pérdidas aproximadas de $665,693.
López-Berríos admitió haber pagado dinero en efectivo, por conducto de un intermediario, para reducir o eliminar una deuda contributiva personal, lo que ocasionó una pérdida superior a 11,192 dólares para el Departamento de Hacienda.
Además, aceptó haber participado en otra conspiración para sobornar a un empleado distinto de Hacienda con el propósito de eliminar o reducir obligaciones contributivas de las empresas G Fitness & Body Performance LLC y VEEVO LLC. Ese esquema ocurrió entre noviembre de 2021 y abril de 2023 y permitió reducir deudas contributivas corporativas por aproximadamente 18,671 dólares.
El juez federal Pedro Delgado-Hernández señaló las vistas de sentencia para el 9 de octubre de 2026, en el caso de Mueriel-Falero, y para el 16 de octubre de 2026, en el caso de López-Berríos.
La investigación estuvo a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). El caso forma parte de una pesquisa sobre corrupción pública y fraude en el Departamento de Hacienda, en la que ya han sido acusadas 26 personas y corporaciones y que previamente produjo la declaración de culpabilidad de otro empleado de la agencia por un esquema similar.