Carmen Vega, contralora de Puerto Rico, informó este miércoles de que se registraron deficiencias en los resultados de una auditoría realizada al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sobre procesos de compra, registro, distribución, custodia y utilización de equipos computadorizados y de telemedicina.
Los trabajos de auditoría revelaron tres hallazgos que llevaron a la Oficina de la Contralora a emitir una opinión cualificada, indicando que, aunque la mayoría de las operaciones se realizaron conforme a la reglamentación, existen situaciones materiales que requieren atención.
El informe detalla que 10 equipos, valorados en 159,379 no pudieron ser localizados durante las inspecciones realizadas.
Además, se identificaron inconsistencias entre las localizaciones registradas en el módulo de Activos Fijos del Sistema de Información Administrativo, y las observadas físicamente, así como equipos sin información de custodio o con custodios incorrectamente asignados.
El examen también mostró que doce equipos transferidos a entidades externas continuaban apareciendo en el inventario del RCM y que 144 exempleados, continuaban con propiedad asignada, incluso años después de haber cesado sus funciones.
Estas situaciones constituyen incumplimientos a la Política TI-PRITS-005 y al Reglamento para el Control de la Propiedad Mueble de la UPR, aumentando el riesgo de pérdida y uso indebido.
La auditoría también reveló que 40 equipos y uno de telemedicina, adquiridos por 75,558 como parte de iniciativas para atender la pandemia del COVID-19, permanecían almacenados sin uso.
Durante la inspección del 5 de febrero de 2025, se encontró que las computadoras portátiles, tabletas, unidades de escritorio y una unidad de telemedicina se mantenían almacenadas en cajas.
La propiedad se encontraba en una oficina que no contaba con servicio eléctrico, estaba en desorden y tenía los plafones rotos, condiciones que representan un riesgo de daño, pérdida y obsolescencia del equipo.
El examen del Sistema de Relevo de Responsabilidad mostró solicitudes sin aprobar por periodos que fluctuaban entre 887 y 1,454 días.
Asimismo, se documentaron aprobaciones tardías de hasta 987 días y casos donde la propiedad continuaba registrada bajo exempleados cuyos relevos permanecían pendientes.
Por su parte, la gerencia del RCM informó a los auditores que han comenzado a corregir algunas de las situaciones señaladas, incluyendo actualizaciones en el módulo de Activos Fijos, reubicación de equipos almacenados y el inicio de procesos de revisión interna.
La auditoría abarcó el periodo del 1 de enero de 2020 al 7 de abril de 2025 y tuvo como objetivo examinar el cumplimiento con las leyes y la reglamentación aplicable. EFE
ea