El Departamento de la Familia aclaró este jueves que realiza un manejo transparente y conforme a la ley del proyecto 'Star Academy' dirigida a estudiantes de séptimo a noveno grado con rezago académico, ante la supuesta difusión de información falsa.
"Este asunto ha sido explicado ampliamente y conforme a la evidencia disponible. Nuestras actuaciones siempre han estado enmarcadas en la ley y los procesos administrativos aplicables", expresó en un comunicado la secretaria de la Familia, Suzanne Roig.
La iniciativa surgió tras evaluar un modelo educativo implementado con resultados positivos en diversas jurisdicciones de Estados Unidos para fortalecer el desempeño académico, el liderazgo y el desarrollo integral de estudiantes provenientes de comunidades con limitaciones socioeconómicas.
Como parte de ese análisis, una delegación del Gobierno de Puerto Rico visitó Louisiana del 7 al 10 de diciembre de 2025 para conocer el funcionamiento del programa, con fondos federales autorizados para ese propósito.
Posteriormente, el Departamento evaluó la posibilidad de adaptar un modelo similar para Puerto Rico dentro de los objetivos del programa TANF.
Para ello solicitó información al Departamento de Educación sobre proveedores comparables y emitió una Solicitud de Información (RFI, en inglés) a más de 45 entidades.
Las propuestas fueron evaluadas por un comité externo e independiente, conforme a los procedimientos administrativos aplicables.
Es importante reiterar que nunca se formalizó un contrato, nunca se obligaron fondos públicos y nunca se realizaron desembolsos relacionados con esta iniciativa.
Durante el análisis se determinó que el alcance originalmente contemplado había cambiado sustancialmente.
La información programática y los criterios de elegibilidad modificaron la población impactada, el período de ejecución y las condiciones bajo las cuales fueron evaluadas las propuestas.
Ante esos cambios, el Departamento concluyó que las condiciones originales ya no respondían a la realidad programática ni presupuestaria vigente y, como parte de una decisión administrativa, canceló la adjudicación preliminar del RFI antes de la formalización de cualquier contrato, notificando oportunamente a todos los proponentes.
"En el Departamento de la Familia siempre hemos actuado con absoluta transparencia, responsabilidad y estricto apego a la ley. Nuestro compromiso es proteger el interés público, garantizar la sana administración de los recursos y procurar el mayor bienestar para las familias de Puerto Rico", concluyó Roig.