La vista preliminar contra Eddie Mojica Peña, imputado de tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada, quedó pospuesta hoy en el Tribunal de Humacao. El proceso judicial se reanudará el próximo 20 de agosto, luego de que la defensa del acusado levantara formalmente un argumento al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, la cual cuestiona la procesabilidad o capacidad mental del imputado para enfrentar el juicio.
Mojica Peña, de 41 años, se desempeñaba como cuidador en el Hogar Casa Dorada, ubicado en el barrio Collores de Las Piedras. Al hombre se le imputa haber agredido brutalmente a Evalina Ortiz Ruiz, una residente del centro de 87 años, que es ciega y se encuentra encamada. Según la investigación policiaca, el imputado movilizó a la anciana desde el segundo piso del establecimiento hacia una estructura tipo almacén en la planta baja, donde la dejó herida en el suelo con traumas severos en la cabeza y abrasiones. Al momento de su detención inicial, Mojica Peña alegó de forma desconcertante que sus actos correspondían a un «ritual» para que la víctima pudiera «morir en paz».
Debido al historial de los hechos y el comportamiento del imputado, quien ya había sido ingresado temporalmente en una institución psiquiátrica tras su arresto en julio, su representación legal solicitó formalmente la activación de la Regla 240. Esta norma legal exige que un perito del Estado evalúe si el acusado comprende la naturaleza de los cargos en su contra y si posee las facultades mentales mínimas para colaborar eficazmente con su defensa técnica. El Ministerio Público, que ha reiterado contar con una cantidad sustancial de testigos preparados para deponer, no se opuso a que se sigan los protocolos procesales correspondientes sobre la salud mental del procesado.
Con esta determinación, el tribunal ordenó la correspondiente evaluación psiquiátrica forense y pautó la nueva fecha para finales de mes. Mientras tanto, la comunidad de Las Piedras sigue consternada por el incidente, el cual provocó el cierre inmediato del centro por parte del tras cancelarse su licencia de operaciones. El país se mantiene atento al dictamen médico que definirá el rumbo de este impactante caso de maltrato institucional.
Este caso es llevado por la fiscal Astrid Rivera y preside la sala la jueza Ana Meléndez Renaud.