La Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) anunció este miércoles que realizará un estudio para cuantificar el impacto económico de la sequía actual en los distintos sectores de la economía para apoyar iniciativas de asistencia y recuperación.
Para ello, la JP enviará cuestionarios a agencias públicas y privada para recopilar datos sobre pérdidas, costos adicionales, interrupciones operacionales y efectos sobre el empleo y la economía, explicó la agencia en un comunicado.
"El objetivo del estudio es contar con datos directos y verificables que nos permitan determinar con la mayor precisión posible el alcance real de la sequía sobre nuestra economía", indicó en la nota el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez.
Según explicó, la información recopilada no solo medirá las pérdidas económicas, "sino también para que el Gobierno pueda contar con una base objetiva al momento de evaluar iniciativas de asistencia, reclamaciones, incentivos y otras medidas dirigidas a mitigar los daños y apoyar la recuperación económica",
La iniciativa forma parte de las acciones ante la emergencia declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035, firmada por la gobernadora Jenniffer González.
Como parte del estudio, el Programa de Planificación Económica y Social de la JP enviará esta semana cuestionarios a agencias, municipios y otras entidades del sector público, así como a empresas y organizaciones del sector privado, para recopilar los datos.
Los cuestionarios permitirán identificar y cuantificar pérdidas económicas e ingresos dejados de generar, costos adicionales, interrupciones operacionales, daños, efectos sobre el empleo, gastos de mitigación y asistencia recibida.
La JP informó además que otros eventos de sequía de 1994-1995 y 2014-2015 demostraron que su impacto puede extenderse más allá de las pérdidas directas de producción y generar consecuencias en múltiples sectores de la economía.
Durante la sequía de 1994-1995, la agricultura registró pérdidas estimadas en $93.9 millones durante el año fiscal 1994 y otros $100 millones durante el primer trimestre del año fiscal 1995.
La sequía de 2014-2015, por su parte, presentó un impacto más diversificado entre los sectores económicos.
La evaluación de la JP estimó en $23 millones los daños económicos, cifra que se ajustó a $22.7 millones al considerar los ingresos recibidos por los agricultores.
De ese impacto, $13.8 millones correspondieron a la agricultura, $3.9 millones a manufactura, $2.8 millones al sector de servicios y y $2.5 millones al gobierno.
En manufactura se identificaron, además, $3.4 millones en gastos adicionales y aproximadamente $500,000 en ingresos dejados de generar.