La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) revocó la aprobación del contrato de generación temporera de Power Expectations, Enchanted Rock y Reyes Contractor y ordenó anoche a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) terminar el acuerdo, al concluir que el proceso de contratación quedó seriamente comprometido por la sustitución de una empresa clave, alegaciones sobre el uso no autorizado de su nombre y firma y una serie de interrogantes que, según el organismo federal, permanecen sin respuesta.
La determinación fue comunicada mediante una carta dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón y a los principales funcionarios relacionados con el sistema eléctrico. La Junta informó que la revocación de su aprobación es efectiva desde el viernes 14 de agosto.
El contrato, valorado en aproximadamente $5,886 millones durante un periodo de 10 años, contemplaba el despliegue, instalación, operación y mantenimiento de unidades de generación temporera con una capacidad agregada de 400 megavatios. El proyecto surgió de un proceso de propuestas iniciado para atender el déficit de generación que se anticipaba en Puerto Rico y que el Negociado de Energía había estimado entre 700 y 850 megavatios.
La Junta sostiene que la cualificación del consorcio dependía de la participación de Enchanted Rock, compañía que aportaría la experiencia técnica, operacional y financiera que Power Expectations y Reyes Contractor no habían demostrado tener por sí mismas.
Documentos de 3PPO determinaron que Power Expectations y Reyes no habían demostrado experiencia previa ejecutando proyectos de escala y complejidad comparable. La participación de Enchanted Rock fue utilizada como fundamento para considerar al grupo un participante cualificado.
La JSF aseguró que Power Expectations obtuvo la puntuación más baja entre las propuestas evaluadas y que su propuesta presentaba riesgos relacionados con su capacidad financiera y organizacional. Uno de los documentos del 3PPO concluyó que el contrato contemplado era sustancialmente desproporcionado frente a los ingresos reportados por la compañía.
Pero el elemento que terminó provocando la revocación fue la controversia alrededor de Enchanted Rock.
El 7 de agosto, Enchanted Rock notificó a la Junta que no era parte del proyecto y que había descubierto que el nombre y la firma de la compañía habían sido utilizados sin autorización en relación con el proceso de contratación. La Junta sostiene que esas alegaciones habían llegado a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y al 3PPO mucho antes.
Según el documento, el abogado general de Enchanted Rock se comunicó con representantes legales de la P3A el 16 de junio y planteó un posible “misconduct and possible criminal conduct”. La comunicación fue remitida ese mismo día al presidente del 3PPO para investigación. La Junta alega no haber sido fue informada de esa comunicación. Según la AEE, tampoco recibió esa información.