La Alianza Puertorriqueña de Psicología lleva cuatro años denunciando que el Plan Vital ha retenido honorarios o los ha reducido por debajo de lo establecido por ley, mientras la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) evita aplicar las sanciones que ella misma ha promulgado.
El gremio ha documentado el patrón de incumplimiento, que involucra a Triple-S Vital y a su subcontratista APS Healthcare Puerto Rico, Inc., quienes han ignorado directrices oficiales sin recibir penalización alguna.
Según detalla la Alianza en una comunicación escrita, el patrón comenzó el 23 de junio de 2022, cuando ASES emitió la Carta Normativa 22-0623 que establecía un tarifario mínimo del 70% del Medicare Fee Schedule (MFS) para salud mental bajo el Plan Vital, aplicable incluso a arreglos subcapitados como el de APS Healthcare. Además, se estipulaba una penalidad de no menos de $5,000 diarios por incumplimiento bajo el Artículo 20 del contrato del Plan Vital, pero esa sanción nunca fue aplicada. Posteriormente, el 22 de agosto de 2024, ASES emitió la Carta Circular 24-0513-A (Enmendada), ordenando el reembolso al 100% del MFS 2023, retroactivo al 1 de octubre de 2023; el 11 de marzo de 2026 extendió el requerimiento a las tarifas de 2025 mediante la Carta Normativa 26-0311.
Sin embargo, ninguna de estas directrices ha sido implementada por Triple-S Vital ni por APS Healthcare para los proveedores de salud mental.
A juicio del, el incumplimiento fue deliberado y no producto de ambigüedad. En su Carta Circular M24121143 del 20 de diciembre de 2024, Triple-S Salud notificó a sus especialistas que emitiría el pago retroactivo completo antes del 30 de diciembre de 2024 y procesaría reclamaciones al 100% MFS desde el 1 de enero de 2025. Han pasado más de 20 meses desde esa fecha límite autoimpuesta, y ninguno de estos compromisos fue honrado.
Asimismo, el 8 de junio de 2026, APS Healthcare Puerto Rico admitió por escrito, en respuesta a una querella de proveedor, que las tarifas de los años fiscales 2024 y 2025 fueron calculadas al 80% del MFS bajo arreglos subcapitados, argumentando que ese arreglo los eximiría del 100% MFS. Esta defensa ya había sido rechazada explícitamente por ASES en su Carta Normativa 22-0623 de 2022.
El 8 de junio de 2026, APS Healthcare Puerto Rico admitió por escrito, en respuesta a una querella de proveedor, que las tarifas de los años fiscales 2024 y 2025 fueron calculadas al 80% del MFS bajo arreglos subcapitados, argumentando que ese arreglo los eximiría del 100% MFS. Esta defensa ya había sido rechazada explícitamente por ASES en su Carta Normativa 22-0623 de 2022.
De otro lado, explican que ASES posee el poder legal para sancionar a Triple-S Vital y APS Healthcare sin necesidad de resolución judicial ni vista administrativa. A pesar de contar con evidencia concreta, incluida la admisión escrita de la aseguradora, ASES respondió en junio de 2026 señalando una «disyuntiva» interpretativa y remitiendo el asunto a su Oficina de Asuntos Legales, sin emitir orden de corrección, sanción ni plazo de cumplimiento. Para la Alianza Puertorriqueña de Psicología, esto representa un abandono reiterado del deber ministerial de ASES como ente regulador.
Durante más de dos años y nueve meses, cada psicólogo que atiende pacientes del Plan Vital ha recibido solamente el 80% de la tarifa que le corresponde legalmente, lo que supone una pérdida del 20% en cada servicio prestado. Esta situación ha generado inestabilidad financiera en las prácticas clínicas, ha reducido la disponibilidad de psicólogos en el Plan Vital y ha afectado el acceso a servicios de salud mental de la población con menos recursos en Puerto Rico.
Durante más de dos años y nueve meses, cada psicólogo que atiende pacientes del Plan Vital ha recibido solamente el 80% de la tarifa que le corresponde legalmente, lo que supone una pérdida del 20% en cada servicio prestado. Esta situación ha generado inestabilidad financiera en las prácticas clínicas, ha reducido la disponibilidad de psicólogos en el Plan Vital y ha afectado el acceso a servicios de salud mental de la población con menos recursos en Puerto Rico.
Ante esta situación, la Alianza Puertorriqueña de Psicología solicita “que ASES ejerza inmediatamente su autoridad bajo el Artículo 20 del contrato del Plan Vital e imponga las penalidades correspondientes por el incumplimiento sostenido desde 2022. Además, exige que ASES emita una orden formal de cumplimiento a Triple-S Vital y APS Healthcare con un plazo perentorio, requiriendo el pago retroactivo completo al 100% MFS desde el 1 de octubre de 2023. Igualmente, pide que ASES emita una clarificación oficial irrevocable de que sus directrices de tarifas mínimas aplican a todos los proveedores, sin importar los acuerdos subcapitados con subcontratistas como APS Healthcare. Como siguiente paso, la Alianza reclama que la Asamblea Legislativa convoque vistas públicas para examinar por qué ASES ha anunciado penalidades repetidamente sin aplicarlas nunca, y qué mecanismos de rendición de cuentas existen sobre la agencia.
Finalmente, la Alianza informa que ha escalado el asunto a los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), Región II, y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG), debido a que los mecanismos de fiscalización a nivel estatal han demostrado ser sistemáticamente ineficaces durante cuatro años consecutivos.
A pesar de contar con facultad para imponer sanciones de forma directa, sin necesidad de una resolución judicial ni vista administrativa, la respuesta de ASES ante querellas formales y evidencia contundente ha sido remitir el caso a su Oficina de Asuntos Legales y alegar una «disyuntiva» interpretativa. No se ha ordenado la corrección de la conducta, ni se han impuesto sanciones o plazos de cumplimiento. Para la Alianza Puertorriqueña de Psicología, esto constituye una dejación reiterada del deber ministerial de la agencia.
El resultado directo de esta inacción institucional es que cada psicólogo del Plan Vital ha dejado de percibir, durante casi tres años, el 20% de los honorarios que le corresponden legalmente por cada servicio prestado. Esta situación genera graves dificultades económicas para las consultas, reduce el número de profesionales disponibles y limita el acceso a servicios de salud mental para la población más vulnerable de Puerto Rico.