El Departamento de Justicia y la Policía presentaron este martes 135 cargos criminales contra 33 personas por participar de un esquema en el que pagaron ilegalmente $308,573 en multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas y AutoExpreso usando varias tarjetas de crédito desconocidas.
La llamada 'Operación Eslabón' fue liderada por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía de Puerto Rico y la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia.
Según explicó Justicia en un comunicado, entre el mes de junio y septiembre de 2021, varios de los imputados suministraron información de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que les eliminaran sus multas o que sus cuentas quedaran en cero.
Durante el proceso de investigación, se identificaron más de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de crédito para el pago de multas a través de CESCO Digital y AutoExpreso.
El esquema fue descubierto luego de que una institución bancaria presentara una querella tras detectar múltiples transacciones realizadas con la tarjeta de crédito, que ascendieron a $308,573.13.
Los titulares de la tarjeta presentaron ante la institución financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas.
El Departamento de Hacienda atendió estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvió los fondos correspondientes a los pagos reclamados.
Como resultado de la investigación, la Fiscalía determinó presentar 135 cargos contra 33 personas, entre las que se encuentran los imputados que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con las tarjetas, así como gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios.
La fiscal Rosa Molina Pérez, de la División de Delitos Económicos, formuló 71 cargos por fraude y 64 por apropiación ilegal de fondos públicos, en virtud de los Artículos 202 y 182 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente.
El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados e impuso una fianza global de $1,231,000.
El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de reclusión, mientras que el delito de fraude implica una pena fija de ocho años.