El tema protagónico en la vista de nombramientos de la licenciada Julie O. Gómez Gómez para el puesto de secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), fue Physician Correctional.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, giró el enfoque de sus preguntas en la calidad de servicios de salud que reciben hoy 7,216 confinados en manos de un proveedor de servicios que se mantiene en la lupa de investigación por el caso de Hermes Avila. El convicto cuya excarcelación irregular provocó una fuerte controversia pública y gubernamental.
En 2005, Ávila Vázquez fue sentenciado a 122 años de prisión por el asesinato de Celia López García. Sin embargo, en 2023, el Departamento de Corrección y Rehabilitación le concedió un pase extendido bajo la Ley 25 de 1992, destinada a confinados con enfermedades terminales o condiciones médicas severas. La determinación se fundamentó en evaluaciones que indicaban que supuestamente padecía paraplejia y otras limitaciones graves.
El 21 de abril de 2024, aproximadamente un año después de salir de prisión, Ávila asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega, cerca de la playa Los Tubos, en Manatí. Posteriormente, fue arrestado caminando, lo que aumentó las dudas sobre la condición médica utilizada para justificar su excarcelación. Se declaró culpable y, en agosto de 2024, fue sentenciado a otros 102 años de prisión.
Las investigaciones posteriores encontraron serias irregularidades en el proceso de liberación. Según información presentada ante el Senado, su expediente no contenía evidencia suficiente de paraplejia, enfermedad terminal ni una expectativa corta de vida. También se identificaron expedientes médicos desorganizados, evaluaciones incongruentes e incumplimientos del reglamento por parte de médicos de Physician Correctional.
Como consecuencia, Corrección destituyó a ocho empleados y solicitó la suspensión de varios médicos vinculados al proceso. En abril de 2025, la familia de Ivette Joan Meléndez presentó una demanda por $41 millones contra Corrección, Physician Correctional y otras partes, alegando que la negligencia institucional permitió que Ávila regresara a la libre comunidad y cometiera el segundo feminicidio.
Rivera Schatz en la vista de nombramiento hizo énfasis de que él pone en duda la culpabilidad de Physician en el caso, así como criticó la obsesión de la Fortaleza de cancelar un contrato mantiene un buen servicio a la población penal.
“El cuatrienio pasado ocurrió el caso de Hermes Avila, escandalizó a Puerto Rico y no puede tratarse livianamente ese señalamiento. Hubo cosas que en ese entonces señalé y que todavía no he visto respuestas porque lo que se quería plantear era que Physician Correctional era responsable de que el señor Hermes Avila saliera a la calle. La oposición política quería hacer ver que un médico era el que tenía la llave del candado, abrió el portón y vete. Usted y yo sabemos que eso no es así. Todo el mundo creía que Physician Correctional era el culpable que Hermes Avila saliera a la calle y asesinara. Eso no es correcto y en la campaña de la gobernadora se prometió que se iba a cancelar el contrato a Physician», comenzó su argumento el líder senatorial.
«Noto una selectividad tan marcada que es con este al que quiero sacar; y los contratos se pueden cancelar, punto y se acabó, no requiere mayor explicación», agregó. La salud correccional no puede estar sujeta a los caprichos o a las promesas de campaña, venganzas personales o a las agendas particulares, o a los cabilderos o nada que no sea el criterio salubrista de asegurarnos de tener la gente correcta prestando el servicio. ¿Yo quiero saber si hoy están siendo atendidos correctamente en términos de salud la población penal?», interrogó.
“Está siendo atendida. Es un criterio que está en proceso de evidenciar para determinarlo”, contestó la licenciada.
“Lo que pasa que entre dar un servicio bien y no darlo, no hay puntos medios. Yo quiero saber si el DCR hoy está garantizando un servicio adecuado de salud a los confinados. Si o no”, insistió Rivera Schatz.
“Yo les aseguro que estamos implementando una política para asegurarlo”, respondió Gómez Gómez.
“No le des vuelta, yo quiero saber. Olvídese de la demanda…yo estoy aquí preocupado por la salud de los confinados. Si estamos hoy dando el servicio adecuado a los confinados, si o no”, señaló el líder senatorial.
“Es que afectaría el proceso que se lleva”, se resistió la licenciada.
“Le voy a explicar porque no. Irrespectivamente de si lo están haciendo de la manera que lo están haciendo, un contrato se cancela si usted lo quiere cancelar. No hay contrato en el Gobierno que tenga una cláusula para cancelación. Eso no afecta. Yo quiero saber…”, presionó el presidente del Senado.
“Sí, se les están asegurando porque estamos velando que esos servicios se estén dando”, contestó pausadamente la licenciada.
“Perfecto, como tiene que ser. Y ¿quién lo está proveyendo?”, continuó el interrogatorio.
“Actualmente lo están proveyendo el proveedor de servicios, Physicial Correctional”, dijo.
Otro cuestionamiento de parte del líder senatorial fue si ya se cuenta con alternativas de otros proveedores de salud que tengan la capacidad de prestar los servicios a la salud correccional, independientemente se cancele o no el contrato de Physician.
La licenciada afirmó que el DCR se encuentran en “un proceso de evaluación de propuestas”.
Rivera Schatz criticó que a estas alturas del cuatrienio todavía se encuentren evaluando proveedores.
“Al cabo de año y medio, estamos evaluando. Eso es lo que tenemos que decirle al pueblo de Puerto Rico que la gobernadora le prometió cancelar el contrato de Physician. Son 7,216 vidas que nos toca atender y entonces, a veces resulta inexplicable que algunos contratos pueden cancelarse de inmediato y otros no. Eso a mi me preocupa. Mira licenciada, yo la investigué de arriba, abajo. Usted puede estar segura con la mejor buena fe, sé que tienes las credenciales y la mejor honestidad, pero yo también sé que desde Fortaleza hay unas pretensiones de política pública…”, reaccionó Rivera Schatz.
“Parece que a veces la gente no entiende que el organismo electo de mayor representatividad es la Legislatura, no la Fortaleza. Por eso a veces hay choque y yo tengo que decirle con toda franqueza, que todavía no entiendo cuál es la obstinación de cancelar el contrato de Physician , cuando los confiando no se están quejando, están dando buen servicio. Parecería que como fue una promesa de campaña sin que la pueda sostener, para mí eso es ¡insólito! Se parece a la explicación que están dando de Power Expectations y ese problema es que no podemos permitir”, puntualizó el líder senatorial.
Gómez Gómez, obtuvo dos horas después la confirmación del Senado.