Ante las crecientes especulaciones sobre una posible intervención de las autoridades federales en la controversia por la contratación de Power Expectations, la exfiscal federal María Domínguez fue enfática al señalar que no existe evidencia de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) mantenga una pesquisa criminal activa sobre el acuerdo de generación eléctrica temporal.
La exfiscal aseveró esto durante una entrevista radial en Primer Round de Magic, en la que aclaró que potencialmente será abogada de una de las partes en esta controversias. Ya la semana pasada, Domínguez indicó a Prensa Abierta, que, contrario a versiones de comentaristas, no sería abogada del jefe de las 3PPO, Osvaldo Carlo Linares. Hoy aseguró que jurista aclaró que el hecho de que el licenciado haya compartido información con las autoridades no implica la apertura de un caso penal.
Basándose en sus tres décadas de experiencia en el sistema de justicia federal, Domínguez sostuvo que resulta sumamente difícil que las agencias federales asuman jurisdicción en este asunto particular.
«No creo que nadie pueda afirmar que hay una investigación por los federales. El licenciado Osvaldo Carlo ha dicho que compartió información, eso no quiere decir que hay una investigación federal… Basado en mi experiencia en el sistema y mi conocimiento de ese sistema por 30 años, me parece improbable que el FBI entre aquí porque aquí no hay fondos federales».
En ese mismo contexto, la abogada desmintió que existan elementos para aseverar que un gran jurado federal esté evaluando el caso o que se vaya a constituir uno próximamente. Explicó que las agencias deben agotar un análisis preliminar riguroso para determinar si existe alguna infracción a las leyes de esa jurisdicción antes de dar paso a un gran jurado.
Domínguez indicó que las conclusiones vertidas públicamente sobre un proceso penal federal carecen de sustento probatorio al día de hoy. «Mucho menos hay evidencia de que se ha conformado ni se va a conformar un gran jurado federal, porque primero la agencia tiene que analizar preliminarmente el caso para decidir si es algo primeramente que tipifica algún tipo de violación de ley federal y, segundo, que es un tema en el cual ellos quieren entrar. Y todo eso precede lo que es la apertura de un gran jurado».
En el centro de esta controversia y el debate sobre la representación legal de los involucrados, la exfiscal reveló que fue contactada recientemente por una de las entidades vinculadas al caso para evaluar asumir su defensa. La contratación no se ha concretado oficialmente al momento del cierre de este reportaje.
«En el día de ayer fui consultada por una de las partes en este tema para una posible representación legal, pero aún eso no se ha formalizado, por lo que no hago mayor comentario al momento… Posiblemente, correcto, y en su momento, pues de eso ser así, lo estaré comunicando».
Con relación a la posibilidad de que las autoridades imputen el delito de conspiración, que es una figura habitual en el foro federal, la jurista reiteró que para que este cargo aplique es indispensable que exista una violación directa a una ley federal, condición que no se ha configurado en esta etapa.
Domínguez puntualizó que la mera entrega de documentos por parte de un tercero no obliga a las autoridades a iniciar un proceso criminal.
«Él puede haber compartido información con los federales y eso no quiere decir que ellos vayan a coger una investigación federal ni que exista base para una investigación federal. Y para que exista el delito de conspiración tiene que haber una violación de ley federal».
Finalmente, al evaluar el manejo público del caso Power Expectations, la exfiscal hizo un llamado a la ecuanimidad y a no emitir juicios de valor sin contar con la totalidad de los elementos. Destacó que existen múltiples datos de la negociación que aún no han sido ventilados en los medios de comunicación. Justo ayer, el exjuez del tribunal federal en Puerto Rico, José Fusté, aseguró a este medio que la controversia de Power Expectations, «huele mal; huele a corrupción».
La experta concluyó que cualquier análisis sobre responsabilidades legales debe esperar a que se conozcan todos los hechos pertinentes.
«Hay muchos hechos relacionados a este tema que no están en el dominio público y no se saben todavía. Es difícil llegar a una conclusión sin manejar todos los hechos… Siempre hay que tener un poquito de moderación para estudiar bien el tema y conocer todos los hechos pertinentes antes de poder concluir y tener una opinión fundamentada».