El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge «Georgie» González Otero, solicitó a la gobernadora Jenniffer González Colón que divulgue las recomendaciones del comité multisectorial creado para identificar fuentes de recaudo que sustituyan el impuesto al inventario.
En una carta dirigida a la gobernadora, González Otero recordó que el 30 de octubre de 2025 se constituyó un comité presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, e integrado por representantes de diversos sectores públicos y privados, incluida la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
“ Ha trascendido públicamente que la secretaria del Departamento de Estado le rindió un informe con recomendaciones a la Gobernadora, cuyo contenido nuestra Asociación desconoce”, señala la carta firmada por el alcalde de Jayuya.
El presidente de la asociación indicó, además, que el comité no ha vuelto a ser convocado. Por ello, solicitó una copia de las recomendaciones finales y del informe presentado a la gobernadora, así como la reactivación del grupo de trabajo antes de que se radique cualquier medida legislativa relacionada con el impuesto.
González Otero destacó que la participación de los alcaldes es fundamental para evaluar cualquier cambio al sistema contributivo, debido a las consecuencias que tendría para las finanzas municipales.
El impuesto al inventario, que grava la propiedad mueble, constituye una fuente importante de ingresos para los municipios. Los alcaldes han advertido que su eliminación o congelación, sin establecer un mecanismo de sustitución adecuado y recurrente, podría reducir los fondos disponibles para mantener servicios esenciales.
Entre esos servicios figuran la seguridad, el manejo de desperdicios sólidos, el mantenimiento de instalaciones y obras públicas, así como los programas deportivos, culturales, educativos y de salud. La Asociación de Alcaldes sostiene que cualquier reforma debe garantizar recursos suficientes para atender a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.
Los alcaldes defienden este impuesto y advierten que no se puede seguir afectando los servicios que se ofrecen a nuestra gente más vulnerable ni afectar el mantenimiento, las obras y mejoras permanentes locales. Durante años, los primeros ejecutivos municipales han advertido que eliminar o congelar dicha aportación sin un sustituto adecuado y recurrente, dejaría a los municipios sin fondos suficientes para operar, y ofrecer servicios como seguridad, manejo de desperdicios sólidos, promoción deportiva, cultural, educativa y de salud, entre otros.