La gobernadora Jenniffer González Colón descartó el martes que la transmisión y distribución de energía eléctrica vuelva a ser administrada por el Gobierno si culmina el contrato de LUMA Energy y sostuvo que su política pública contempla sustituir al consorcio por otro operador privado, mientras dejó abierta la posibilidad de revisar la continuidad del mecanismo 3PPO luego de la controversia con Power Expectations.
“Yo no vislumbro ni es parte de la política pública que eso pase a manos del Gobierno. La ley sí dispone que se pueda contratar, pero obviamente la meta es, y la política pública es, que volvamos a otro operador privado”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.
La mandataria sostuvo que existen empresas interesadas en asumir las funciones de transmisión y distribución y dijo que su administración ha buscado alternativas en Estados Unidos.
“Hay candidatos, hay oportunidad y hay personas interesadas en hacer la transmisión y distribución en Puerto Rico”, afirmó.
Al preguntársele si esos operadores se habían acercado al Gobierno, González Colón recordó que la administración comenzó a buscar alternativas y precisó que la búsqueda se concentró en Estados Unidos y no en operadores internacionales.
La gobernadora reiteró su intención de cancelar el contrato de LUMA y sostuvo que, si el Tribunal Supremo permite poner fin al acuerdo, el objetivo será contratar otro operador privado.
Sobre la controversia de Power Expectations, González Colón sostuvo que el Gobierno central no recibió, evaluó ni adjudicó el contrato de generación temporera y atribuyó esas funciones al Third Party Procurement Office (3PPO).
Según explicó, el 3PPO recibió las propuestas, realizó la evaluación y formuló la recomendación que luego pasó por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal.
González Colón identificó al abogado y exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares como la persona vinculada a la firma a cargo de ese mecanismo de contratación.
“Yo creo que el manejo ha sido fatal y yo creo que esto ha sido fatal porque ha levantado y ha abierto puertas a especulaciones sobre cómo se hace todo ese trámite”, expresó la gobernadora.
La mandataria sostuvo que la controversia obliga a revisar la figura utilizada para este tipo de procesos y favoreció que todas las entidades que han recibido referidos investiguen el caso.
“Yo creo que una de las cosas que debemos evaluar es esta figura de estas contrataciones”, señaló.
González Colón evitó, sin embargo, juzgar la actuación del zar de Energía, Josué Colón Ortiz, ante las comunicaciones que recibió antes de la firma del contrato. Dijo que solo vio un resumen de varios minutos de una vista pública que se extendió por cerca de ocho horas y que emitir una conclusión sin examinarla completa sería irresponsable.
Al preguntársele directamente si su administración contempla que no se renueve el contrato relacionado con el 3PPO cuando expire en junio de 2027, respondió que todas las alternativas serán consideradas.
“Yo creo que todo está sobre la mesa. Yo creo que todo lo que ha pasado tiene que haber una radiografía de cómo operó”, afirmó.
La gobernadora señaló que la revisión cobra importancia porque todavía existen procesos de contratación energética en curso, incluido uno relacionado con 3,000 megavatios de generación permanente.