Hay un refrán que dice: “La política hace extraños compañeros de cama.” Rivera Schatz y la Gobernadora parecen haber encontrado la suya: suspender por un momento su guerra habitual para coincidir en su deporte favorito, quitar derechos.
Tiene hasta cierta poesía política. Para casi todo encuentran motivos para atacarse, bloquearse o recordarnos que apenas se toleran. Pero basta con que aparezca un reclamo de reconocimiento para una comunidad históricamente marginada y, de pronto, florece la cooperación institucional. Qué alivio saber que todavía hay causas capaces de unir al país.
Esta vez, la causa común fue oponerse a que personas no binarias puedan ver reconocida su identidad en sus certificados de nacimiento. El Ejecutivo defendió esa negativa y el Senado, presidido por Rivera Schatz, compareció como amicus curiae en apoyo de la misma posición.
En mayo de 2025, la jueza federal María Antongiorgi-Jordán había fallado a favor de seis personas no binarias y ordenado al Registro Demográfico ofrecer una tercera opción de género, identificada como “X”. El Primer Circuito no confirmó aquella decisión. Hizo exactamente lo contrario: la dejó sin efecto.
El panel asumió, sin decidirlo definitivamente, que aplicaba el estándar constitucional más deferente hacia el Gobierno, conocido como rational basis. Bajo ese análisis, una política se sostiene si existe al menos una razón legítima concebible que justifique la distinción. Ni siquiera es necesario demostrar que esa fue la verdadera motivación del Gobierno. Basta con que el tribunal pueda identificar una explicación racional.
Eso fue precisamente lo que hizo el Primer Circuito. Concluyó que existía una justificación racional concebible para que el Gobierno de Puerto Rico tratara de manera distinta a personas trans binarias y no binarias. Incluso aclaró que su análisis no estaba limitado a las razones que el propio Gobierno había presentado.
La justificación surge de Arroyo González. Mientras un marcador incorrecto puede revelar involuntariamente que una persona trans binaria es trans, una “X”, según el tribunal, revela por su propia naturaleza la identidad no binaria. Esa diferencia bastó para superar rational basis y dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Distrito.
Discrepo de ese razonamiento. Pero jurídicamente eso fue lo que se decidió.
También importa lo que no se decidió. La demanda contiene reclamaciones bajo Due Process, la Primera Enmienda y la Constitución de Puerto Rico. El Primer Circuito no las resolvió. Dejó sin efecto la victoria bajo Equal Protection y devolvió el caso al Tribunal de Distrito para procedimientos adicionales.
Es una derrota. No es el final.
Hace poco más de un año expliqué en Microjuris, en “Del caso Arroyo al marcador X: el nuevo precedente federal sobre identidad de género en Puerto Rico”, cómo aquella decisión parecía extender Arroyo González hacia las identidades no binarias. El Primer Circuito cambia esa ruta, pero no termina el recorrido.
Tampoco puedo separar esta ofensiva jurídica de una hipocresía política demasiado conocida: convertir nuestra dignidad en moneda electoral para cortejar al sector más conservador. Es una apuesta de corto plazo en un Puerto Rico que cambia generacionalmente, con nuevos votantes menos atados a las lealtades políticas que dominaron durante décadas y con el desplazamiento natural de generaciones anteriores.
Apostar al miedo y a restringir derechos puede rendir políticamente hoy. La historia, sin embargo, suele cobrar caro a quienes confunden resistencia al cambio con permanencia en el poder.
Martin Luther King Jr. decía que “el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia.” La historia de los derechos civiles está llena de derrotas que terminaron siendo estaciones, no destinos.
Rivera Schatz y la Gobernadora ganaron terreno esta vez. Nosotros seguimos aquí.
Y prevaleceremos.