El semáforo de la niñez estaba en rojo. ¿Quién tenía que detenerse? Lindsay Clancy había buscado ayuda, recibió tratamiento psiquiátrico siendo hospitalizada semanas antes de matar a sus tres hijos. Las señales estaban ahí: ansiedad, insomnio e ideación suicida. Sin embargo, Cora, Dawson y Callan murieron. Hoy, dos peritos se contradicen sobre si actuó bajo psicosis posparto y un jurado no logró determinar su responsabilidad. Entonces, si las señales estaban ahí y la ayuda fue solicitada, ¿esta tragedia pudo haberse evitado? ¿Había problemas de salud mental? Sí. Pero ¿explica la psicosis, por sí sola, lo ocurrido? No. La mirada se ha disminuido en quién cruzó la luz roja y muy poco en preguntarnos por qué nadie logró detener la tragedia.
La historia de la protección infantil está llena de niños que murieron después de que alguien ya había advertido que algo estaba mal. Gabriel Fernández tenía ocho años cuando murió en California en 2013. Su maestra había reportado lesiones; existieron múltiples investigaciones y contactos con las autoridades. Aun así, permaneció en el hogar donde era torturado. Después de su muerte, el propio director del sistema de protección reconoció que el sistema le había fallado.
Cinco años después murió Anthony Avalos, de diez años. En este caso una investigación periodística documentó al menos 13 llamadas a la línea de maltrato y múltiples oportunidades perdidas para intervenir. Anthony murió de todas maneras. Dos niños. Dos historias distintas. Entonces ¿de qué sirve identificar el riesgo si nadie logra detenerlo?
Puerto Rico tampoco está ajeno. En enero, Chris Ezequiel Serrano Rodríguez, de cinco años, murió en Caguas presuntamente a manos de su padre, quien tenía antecedentes de hospitalización psiquiátrica y consumo de sustancias. En ese entonces, la salud mental ocupó el centro de la discusión cuando ya un niño había muerto.
No pretendo equiparar estos casos. Sus circunstancias clínicas, familiares y jurídicas son distintas. Lo que resulta inquietantemente parecido es nuestra costumbre de mirar hacia atrás cuando ya es demasiado tarde.
Tampoco podemos reducir el maltrato intrafamiliar a que alguien “aprendió” patrones violentos o carecía de destrezas adecuadas de disciplina. El aprendizaje social ayuda a comprender la transmisión de determinadas conductas, pero una familia no existe en un laboratorio. Existen pobreza, aislamiento, trauma, consumo de sustancias, depresión, violencia de pareja, falta de vivienda adecuada, agotamiento y estrés parental. Ninguno convierte inevitablemente a una persona en agresora, pero su acumulación puede aumentar peligrosamente la vulnerabilidad de una familia.
En Puerto Rico, ante el peso de los hogares monoparentales liderados, en su mayoría, por mujeres jefas de familia, debemos ser particularmente cuidadosos. Ser mujer y jefa de familia no causa maltrato. Sin embargo, las exigencias en las que esas mujeres crían desatan una gran diferencia emocionalmente en un hogar.
Ante estos contextos se sugieren capacitaciones para el desarrollo de destrezas parentales. Son necesarios. Pero ¿son suficientes?
¿Es funcional aprender sobre disciplina positiva con una salud mental deteriorada? ¿Qué resuelve un taller de crianza cuando existen otros determinantes sociales que interfieren con la ejecución de lo aprendido?
La niñez no solo queda en riesgo por las fallas de sus progenitores, sino también cuando los sistemas ven las señales y no responden a tiempo, o cuando la pobreza, la precariedad y hasta el exceso de trabajo crean condiciones que hacen de la crianza una tarea cada vez más difícil. Eso no absuelve a quien mata, golpea o tortura. La responsabilidad individual existe y las consecuencias deben existir, haya o no un diagnóstico. Una condición mental puede modificar la responsabilidad jurídica; no convierte en inexistente el daño ni elimina la necesidad de proteger a terceros. Pero tampoco podemos utilizar al agresor como una cortina detrás de la cual desaparezcan las instituciones.
En el caso Clancy, dos expertos analizaron su estado mental y llegaron a conclusiones radicalmente distintas. ¿En quién debe confiar una familia? ¿Qué ocurre cuando todos ven una parte del problema, pero nadie logra verlo completo?
Gabriel necesitaba protección. Anthony necesitaba protección. Chris Ezequiel necesitaba protección. Cora, Dawson y Callan necesitaban protección. Todos murieron.
Seguir preguntándonos únicamente qué estaba mal con la persona que los mató es necesario para impartir justicia.
Preguntarnos qué estaba mal con los sistemas que no lograron protegerlos es indispensable para evitar el próximo nombre.
Dra. Natalie Pérez Luna
Trabajadora Social Clínica y Forense
Profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras