La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó intervenir en el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico y la administración central por el asunto del plan médico que los mantiene en estado de huelga.
En una carta emitida ayer, la JSF aclaró que mantiene una política de no involucrarse directamente con terceros durante estos procesos.
“La Junta de Supervisión generalmente no participa en comunicaciones con terceros relacionadas con su proceso de revisión de contratos”, expresó el abogado general del ente federal, Jaime El Koury. En la carta, además, se estableció que cualquier controversia relacionada con el convenio colectivo, un laudo arbitral o los derechos y obligaciones contractuales entre la UPR y el Sindicato de Trabajadores debe ser atendida fuera de ese proceso de revisión.
“Cualquier preocupación relacionada con el cumplimiento del convenio colectivo aplicable, un laudo arbitral o los respectivos derechos y obligaciones contractuales de la UPR y el Sindicato debe dirigirse a la UPR y/o al foro administrativo o legal correspondiente”, señaló.
La comunicación fue remitida con copia a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y a Ricardo Dalmau Santana.
El presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz Hernández, acudió a la JSF el pasado 18 de agosto pidiendo auxilio y la evaluación del contrato del plan médico sin el aval de la UPR.
Según El Koury, “la Junta de Supervisión no ha recibido el contrato propuesto al que se hace referencia en su carta para su revisión y aprobación”, conforme a la Política de Revisión de Contratos establecida bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA.
Recalcaron que corresponde a la UPR someter el acuerdo para su evaluación.
“La UPR está obligada a presentar el contrato propuesto a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación de conformidad con la política pública”, establece la comunicación.
El organismo aseguró que, una vez reciba el contrato, procederá con su evaluación. “Una vez presentado, la Junta de Supervisión evaluará el contrato propuesto de conformidad con PROMESA, la política pública y la información que esté debidamente ante su consideración al momento de dicha revisión”, sostuvo El Koury.
Al momento de la respuesta de la JSF, el contrato cuestionado por el sindicato todavía no había llegado formalmente ante el organismo para el proceso de revisión contractual.
La UPR incorporó unilateralmente a los empleados unionados al plan médico institucional (Seguro Médico Único), quitándoles la cubierta propia que tenían sin pago de primas. Tras no llegar a acuerdos, el sindicato ratificó un voto de huelga que paralizó labores en 10 de los 11 recintos del sistema universitario.
El sindicato exige que se contrate a Triple S para su matrícula, denunciando que la transición afecta sus derechos adquiridos.
La administración, por su parte, defiende la medida como una protección de fondos públicos y asegura que se garantizó una cubierta provisional con MCS Life Insurance Company.