El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó la investigación penal contra la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, al concluir que no existe prueba suficiente para sostener una acusación criminal relacionada con el pago de 177,586.49 dólares a empleados exentos de la agencia. El organismo, sin embargo, refirió sus hallazgos para evaluación ética y administrativa.
La investigación confirmó que el desembolso se realizó sin obtener autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Junta de Supervisión Fiscal para utilizar los fondos con un propósito distinto al originalmente autorizado. El Panel calificó esa situación como una irregularidad seria, pero sostuvo que una irregularidad presupuestaria o administrativa no establece por sí sola todos los elementos necesarios para configurar un delito.
El caso se originó luego de que el Departamento de Justicia determinara en una investigación preliminar que existía causa suficiente para creer que Padilla Rivera podía haber incurrido en malversación de fondos públicos y en una violación a la Ley de Ética Gubernamental. El referido estaba relacionado con un denominado “pago único no recurrente” a empleados exentos de la CEE con fondos destinados a gastos operacionales de las Elecciones Generales de 2024.
Como parte de la investigación posterior, las fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón entrevistaron a 45 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de la CEE, comisionados electorales y personal de la OGP, Hacienda, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, la Oficina de Ética Gubernamental, Justicia y la Policía.
Entre los hallazgos, las fiscales identificaron deficiencias significativas en el procedimiento utilizado para autorizar y tramitar los pagos. No se documentó adecuadamente el criterio para determinar cuánto recibiría cada empleado, no se siguió un procedimiento uniforme y el asunto no fue sometido al pleno de la CEE.
A pesar de esas irregularidades, la pesquisa estableció que los empleados beneficiados habían trabajado durante el proceso electoral y que los pagos estaban dirigidos a compensar los servicios prestados. Las fiscales concluyeron que la evidencia recopilada no permitía probar más allá de duda razonable los elementos requeridos para sostener una acción penal.
Respecto a Padilla Rivera, la resolución señala que su participación en un proceso que culminó con un pago a su favor requiere escrutinio, pero la prueba tampoco permitió establecer más allá de duda razonable los elementos necesarios para una acusación criminal bajo la Ley de Ética Gubernamental.
El Panel aclaró que el archivo de la vertiente penal no determina si existen o no responsabilidades éticas o administrativas. En particular, señaló que la participación de Padilla Rivera en un proceso que culminó con un beneficio económico para ella amerita una evaluación independiente de los organismos con jurisdicción sobre esos asuntos.
Por esa razón, el PFEI remitió copia de la resolución y del informe final a la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente de la CEE, a la OGP y al Departamento de Hacienda para las evaluaciones correspondientes dentro de sus respectivas jurisdicciones.
La presidenta del Panel, Ygri Rivera Sánchez, no participó en la consideración del caso por estar inhibida. La determinación fue suscrita por las integrantes del PFEI Leila Rolón Henrique y Olga Birriel Cardona.