En la Cámara de Representantes se evalúa la posibilidad de establecerse la «Ley para Ajustar la Pensión Mínima al Costo de Vida Actual», para aumentar de $500 a $1,000 la pensión mensual de miles de retirados del sector público en Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1399, es un proyecto de administración (A-152) de la gobernadora Jenniffer González Colón. Según la exposición de motivos, hay un estimado de 58,000 pensionados que reciben menos de 1,000 mensuales. «Esta realidad refleja la difícil situación que enfrentan miles de adultos mayores, quienes deben procurar cubrir sus necesidades básicas con ingresos que resultan insuficientes ante el costo anual de vida», reza la medida.
El proyecto insiste en que aumentar la pensión mínima a $1,000 no debe entenderse como una concesión gubernamental, sino de justicia social dirigida «a reconocer el valor delas décadas de trabajo y servicio de generaciones que contribuyeron al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas de Puerto Rico. Procurar condiciones adecuadas para el retiro constituye una responsabilidad del Estado y una expresión del reconocimiento que merecen quieres dedicaron su vida al servicio del país».
La medida legislativa eliminaría la disposición de establecer la pensión mínima de $400 mensuales para los que se retiraron de acuerdo al Capítulo 2, y otra disposición que eliminaría, es a la pensión mínima de $500 para los participantes que se retiraron en o antes del 31 de julio de 2014.
Se le añadiría una enmienda que fijaría las pensiones en $1,000. De ser aprobado, recibirían la pensión a partir del 1ro de julio de 2026 – retroactivo.
El P de la C 1399 fue discutido en vista pública bajo la Comisión de Retiro en la Cámara de Representantes. La Junta de Retiro expuso que en un análisis preliminar se estima que 53,500 pensionados podrían beneficiarse de la medida, incluyendo 49,000 pensionados bajo la Ley 447 (Gobierno Central) y 4,500 bajo la Ley 160-2013 (Maestros).
«El impacto anual aproximado es de $233 millones, sujeto a la evaluación fiscal y actuarial correspondiente. Es importante señalar que el 77% de estos pensionados son mayores de 70 años, con una expectativa de vida de 86 a 88 años y cuya aportación anual bajo el PC 1399 por pensionado sería de aproximadamente $4,700 para los pensionados del Gobierno Central y $3,600 a los maestros», expresó el licenciado Arnaldo J Ortíz, director ejecutivo de la Junta de Retiro.
Por su parte, a la Comisión de Retiro se le sometió un informe por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), en el cual concluyen que fijar la pensión mínima en $1,000 a maestros y empleados públicos retirados conllevaría un aumento en el gasto público por concepto de PaGo de $232.6 millones por año fiscal.
De acuerdo al desglose presentado los $232.6 millones se distribuirían: $160 millones para el Gobierno Central, $54 millones en recursos de los municipios y $18.3 millones atribuibles a las corporaciones públicas.
«Para el año fiscal 2027 se estima un aumento de $216.6 millones por concepto de PayGo del Gobierno con respecto al Sistema de Retiro de los Empleados Públicos del Gobierno, mientras que en el Departamento de Educación verá un aumento de $15.8 millones por concepto del aumento propuesto», resalta la OPAL.
La OPAL también concluyó y recomendó a la Comisión que tomara en consideración que bajo el Plan de Ajuste de la Deuda emitida por el Tribunal del Título III de PROMESA, prohíbe al Gobierno aprobar legislación que cree nuevos derechos sobre pensiones y altere los derechos existentes por un periodo de 10 años. Es decir, desde el 15 de marzo de 2022.