La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió hoy que el proyecto que busca elevar de $500 a $1,000 la pensión mínima de determinados jubilados del Gobierno de Puerto Rico podría entrar en conflicto con las disposiciones del Plan de Ajuste de la Deuda, particularmente con las restricciones impuestas a nuevos aumentos en beneficios de pensiones de beneficio definido.
La comunicación dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón y a los presidentes de la Asamblea Legislativa plantea que cualquier legislación que aumente obligaciones de pensión debe evaluarse a la luz de las disposiciones del Plan de Ajuste y de la Ley PROMESA.
El Proyecto de la Cámara 1399, presentado como una medida de justicia social para pensionados que reciben ingresos inferiores al costo de vida actual, propone establecer en $1,000 mensuales la pensión mínima para ciertos jubilados del sistema público, con efecto retroactivo al 1 de julio de 2026.
Sin embargo, el Plan de Ajuste contiene una disposición que establece que, antes del décimo aniversario de su fecha de efectividad, el Gobierno no puede promulgar legislación que cree o aumente pagos u obligaciones de pensión de beneficio definido por encima de los beneficios contemplados en el Plan.
La disposición establece que «antes del décimo (10°) aniversario de la Fecha de Efectividad, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico […] no podrá […] promulgar nueva legislación para crear o aumentar cualquier pago u obligación de pensión de beneficio definido a jubilados actuales o futuros, proveniente de o relacionado con cualquier plan de beneficio definido, por encima de los beneficios provistos por el Plan, independientemente de la fuente de financiamiento”.
El documento también prohíbe que el Gobierno revierta las eliminaciones realizadas mediante el Plan de Ajuste a las acumulaciones de los planes de beneficio definido y a los ajustes por costo de vida para empleados públicos.
La restricción no depende de si el dinero para pagar el aumento proviene del fondo general, de asignaciones especiales o de otra fuente, ya que el texto especifica que aplica “independientemente de la fuente de financiamiento”.
El Plan de Ajuste contempla que el gobernador y la Asamblea Legislativa pueden acudir al Tribunal de Título III después de la terminación de la Junta de Supervisión para solicitar autorización que permita modificar esa restricción.
Para obtener ese relevo, el Gobierno tendría que demostrar, entre otros elementos, que existe capacidad económica para asumir las obligaciones, que el cambio no provocaría una nueva crisis fiscal y que no aumentaría materialmente el riesgo de incumplimiento.
El Plan exige además explicar “las razones por las cuales los cambios solicitados no crearán un riesgo de la angustia financiera causada por los anteriores planes de beneficio definido del Estado Libre Asociado, bajo los cuales el Estado Libre Asociado y otros patronos gubernamentales acumularon cerca de $55,000 millones en obligaciones de pensión no financiadas
El proyecto beneficiaría, según estimados discutidos durante el proceso legislativo, a decenas de miles de pensionados que reciben menos de $1,000 mensuales. La Junta de Retiro estimó preliminarmente unos 53,500 beneficiarios, entre ellos aproximadamente 49,000 jubilados bajo la Ley 447 y 4,500 maestros cobijados por la Ley 160-2013.
El costo anual aproximado de la medida fue calculado en unos $233 millones, aunque el impacto final dependería de la evaluación actuarial y fiscal definitiva.
Por su parte, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó un aumento anual de aproximadamente $232.6 millones en los pagos correspondientes a las obligaciones de pensiones, distribuidos entre el Gobierno Central, los municipios y las corporaciones públicas.