La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) solicitó al superintendente de la Policía, Joseph González, que extienda mediante una orden administrativa la vigencia de las licencias de armas de ciudadanos que, según la organización, llevan meses sin recibir sus tarjetas por falta de impresoras y tinta en varias comandancias.
“Nuestros socios cumplieron con la ley, sometieron sus documentos y pagaron sus derechos. Lo que no puede ocurrir es que, por falta de una impresora o de tinta, un ciudadano quede expuesto a una multa o a una intervención por no tener su licencia en mano. Por eso le enviamos una carta al Superintendente y le solicitamos, muy respetuosamente, que emita una orden administrativa que extienda la vigencia de las licencias hasta que este problema se resuelva”, dijo el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, en declaraciones escritas.
Durante los pasados seis meses, la organización aseguró haber recibido múltiples querellas de socios que solicitaron renovaciones, duplicados o licencias nuevas y completaron los documentos y pagos requeridos, pero no recibieron las tarjetas.
Según Torres Meléndez, la situación se ha reportado en las comandancias de Bayamón, Caguas, Guayama y Mayagüez, entre otras. A los solicitantes se les habría indicado que recibirían las tarjetas por correo, pero CODEPOLA sostuvo que ninguno de los casos atendidos por la organización las ha recibido.
La Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 establece un término de 15 días naturales para emitir una tarjeta renovada y dispone una multa de 500 dólares por cada arma que se posea, porte o transporte con una licencia vencida. Una persona con la licencia vencida tampoco puede comprar armas o municiones.
Además de extender temporalmente la vigencia de las licencias, CODEPOLA pidió que el recibo de pago y radicación sea reconocido como evidencia de una licencia vigente mientras se entrega la tarjeta.
Para las licencias nuevas ya aprobadas, la organización propuso que la Policía entregue una certificación provisional. También solicitó que no se impongan multas cuando la demora sea atribuible a la agencia y que se agilice la implementación de la licencia digital contemplada en la ley.
Torres Meléndez señaló que el Artículo 2.04 de la Ley de Armas dispone que los recaudos por licencias y multas sean transferidos al Registro de Armas y utilizados exclusivamente para mantener de manera continua el proceso de expedición de licencias.
“Esa disposición la trabajamos precisamente para que la Oficina de Licencias de Armas tuviera los recursos necesarios y no pasaran cosas como esta. El dinero lo están pagando los propios ciudadanos. Confiamos en que el Superintendente atenderá esta situación con la prontitud que amerita y reiteramos nuestra disposición a reunirnos con él para aportar a la solución”, sostuvo.