En una estrategia unificada de cara a la capital federal, la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón y el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera presentaron este viernes una iniciativa conjunta orientada a cabildear en el Congreso de los Estados Unidos la eliminación definitiva del tope asignado a los fondos de Medicaid para Puerto Rico, garantizar la permanencia del nivel actual de aportación federal de al menos un 83% e integrar la isla a diversos programas de salud de los que hoy se encuentra excluida.
Exigencias clave y respaldo técnico
La propuesta ejecutiva encuentra sustento en un informe redactado por el Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud, un borrador que permanecerá bajo evaluación técnica hasta el próximo miércoles antes de su divulgación oficial.
“Este informe se nutrió del insumo de cada uno de los sectores que ustedes ven aquí y de otras personas que no formaron parte de este comité, pero que se recopilaron a lo largo de este tiempo, al igual que de estudios actuariales que fueron comisionados a través de ASES para actualizar la data disponible”, explicó la mandataria estatal durante la rueda de prensa.
La meta central es asegurar la estructura presupuestaria antes del vencimiento, en septiembre de 2027, del esquema extraordinario de fondos que sostiene al Plan Vital, el cual atiende el bienestar médico de la población vulnerable de la isla.
“Medicaid en Puerto Rico sirve a 1.3 millones de residentes en la isla, que eso equivale al 47 por ciento de la población”, enfatizó la gobernadora.
González Colón remarcó que las limitaciones vigentes derivan de imposiciones estatutarias diferenciadas a las de la jurisdicción continental: “Esa es la primera petición: remover el tope que se le hace a este programa, que limita la cantidad de fondos que podemos recibir como territorio. Los estados no tienen este tope”.
A la par con la remoción del tope o cap, la solicitud contempla reestructurar la tasa del Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP) para que se determine bajo parámetros idénticos a los estados.
“En el caso de Puerto Rico es por ley que es el 55 por ciento, así que pudiera sobrepasar del 83 por ciento del FMAP, pudiera llegarnos hasta un 90 por ciento”, puntualizó González Colón.
El paquete de reclamos legislativos persigue además la inclusión de servicios de cuidado prolongado, el acceso al Medicare Savings Program y la revaluación de las fórmulas de compensación destinadas a Medicare Advantage y a las instituciones hospitalarias con alto volumen de enfermos sin cubierta adecuada.
Sobre este particular, Carlos Santiago, director ejecutivo de la Oficina de Medicaid de Puerto Rico, detalló que la cuota del 83% constituye la base mínima tolerable para la delegación: “Básicamente, presentarle al gobierno federal que nos remueva lo que tiene que ver ese cap o esa cantidad máxima que recibimos en Puerto Rico para atender nuestra población, al igual que otros estados lo tienen disponible”.
El ejecutivo enfatizó las ventajas que traería consigo incorporar el Medicare Savings Program para la ciudadanía con limitaciones socioeconómicas que actualmente asume el costo de la prima de la Parte B mediante descuentos de su Seguro Social: “Esas personas que tienen necesidad, que también son beneficiarios del programa Medicaid, pues no se pueden beneficiar de esto porque el programa no está en Puerto Rico. Así que le estamos pidiendo al gobierno federal que también haga una extensión de ese programa”.
Métricas de fraude, autonomía fiscal y el panorama político
Para defender la petición en el plano federal, la administración presentará una reducción substancial en los índices de fraude dentro del sistema local. Tras registrar un 2.51% en 2024, la cifra oficial disminuyó de forma marcada.
“Hoy podemos decir que este número está en menos de 1 por ciento en Puerto Rico, por las medidas que se han implementado”, aseveró la gobernadora, contraponiendo este resultado al promedio nacional estadounidense de 5.6%.
Al ser cuestionada sobre si la controversia derivada de otros sucesos gubernamentales entorpecería la gestión del financiamiento sanitario, la mandataria descartó de plano cualquier vínculo: “Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto es como hablar de una lasaña y una piragua”.
Por su parte, Hernández Rivera catalogó los nuevos indicadores como una herramienta decisiva de negociación frente al estamento legislativo federal: “Para mí es muy útil tener esta data de que en CMS, en el Plan Vital, no hay ninguna sombra de posible fraude o corrupción”.
“Si a mí alguien me trae el tema de otras controversias que ha habido en el gobierno, que yo mismo he denunciado y he fiscalizado, yo podré decir: muy bien, eso es una controversia en esa agencia, en ese departamento. Pero en lo que concierne la salud de los puertorriqueños y el Plan Vital de los puertorriqueños, esta es la data”, adujo el comisionado residente.
Ambos líderes aceptaron la imposibilidad del erario local para absorber un hipotético recorte en el flujo de capital federal.
“El gobierno de Puerto Rico no tiene los recursos para manejar el plan de salud del gobierno. No hay manera de que se pueda atender con los recursos estatales la cubierta de salud de 1.2, 1.3 millones de participantes”, admitió la gobernadora.
Ante esa realidad, Hernández Rivera señaló que la perspectiva más cautelosa implica la extensión de las premisas actuales: “En el peor de los casos que estamos visualizando, es que el Congreso extienda lo que hay hoy. Ese es el peor escenario que estamos visualizando. Y eso al Congreso no le cuesta un centavo más”.
Asimismo, el comisionado identificó la configuración del Congreso tras las elecciones de medio término y la selección del mecanismo legislativo como elementos indispensables en el trámite: “El tercer escollo, si se le puede llamar así, es saber cuál va a ser la composición del Congreso y cuál va a ser el vehículo legislativo en el que vamos a insertar estos cambios”.
Las opciones para la aprobación van desde asignaciones ordinarias hasta resoluciones continuas. Ante este panorama, González Colón anticipó un despliegue de visitas a la Cámara y al Senado federal que cobrará mayor intensidad a principios de año: “Ya estamos listos y estamos visitando Cámara y Senado porque esto es una medida que va a ambos cuerpos legislativos… En enero, febrero este grupo vuelve otra vez a la carga, vamos a seguir visitando ahora, pero volvemos a la carga más duro en enero, febrero”.
Para este esfuerzo, la mandataria confirmó que no se realizarán contrataciones adicionales de firmas de cabildeo: “No hay mejor cabildeo que el del comisionado y el mío como gobernadora, como funcionario público… Nosotros no vamos a reclutar nadie nuevo para hacer esto, que no sean los funcionarios y las personas, los consultores que ya tengamos”.
Hernández Rivera concluyó aclarando que la estrategia unificada no restringe la participación de firmas privadas o entidades del sector salud de utilizar sus propios recursos, siempre que se mantenga la cohesión del reclamo institucional: “Simplemente vamos a llevar estos mismos datos y vamos a hacer los mismos cinco o seis reclamos y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir, y así vamos a aumentar nuestra efectividad”.
Tras citar avances preliminares con figuras como el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara federal, Brett Guthrie, y el respaldo manifestado en mayo por el líder demócrata Hakeem Jeffries, el comisionado reafirmó el compromiso del equipo: “Nosotros continuaremos trabajando para llevar a Washington un solo mensaje, con una sola voz y con un solo propósito: salvar y mejorar el Plan Vital del cual dependen tantos puertorriqueños”.