El comisionado residente, Pablo José Hernández, junto al congresista californiano Gil Cisneros, presentaron el proyecto de ley PROMISE for Small Businesses Act (H.R. 10622), una iniciativa dirigida a fiscalizar que los grandes contratistas del gobierno federal cumplan con sus compromisos de subcontratar a pequeñas y medianas empresas.
La medida surge ante los hallazgos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), los cuales revelaron que en el año fiscal 2022 se otorgaron más de $400,000 millones en contratos federales que requerían planes de subcontratación, pero la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) solo realizó seis revisiones de cumplimiento. Según estimaciones del SBA, si los grandes contratistas hubieran cumplido con sus metas en 2023, los pequeños negocios habrían recibido cerca de $1,500 millones adicionales a nivel nacional.
“Si una compañía recibe un contrato federal y se compromete a darle oportunidades a pequeños negocios, debemos asegurarnos de que ese compromiso se cumpla. En Puerto Rico, eso significa saber si nuestras pequeñas empresas están teniendo una oportunidad real de participar en el trabajo que generan los contratos federales. Queremos que esos compromisos no se queden solamente en papel”, expresó Hernández.
Para corregir esta falta de supervisión, la legislación requerirá que la SBA audite cada año al menos el 10% de los contratos sujetos a estos planes en cada agencia federal y someta un informe anual al Congreso detallando los hallazgos de incumplimiento. La propuesta cuenta con el respaldo del sector empresarial local, incluyendo firmas como Legal PM Partners, ECONS Group y The Consulting Lead, ya que permitiría fiscalizar si las asignaciones destinadas a proyectos de reconstrucción e infraestructura en Puerto Rico benefician directamente a los comercios de la Isla.