La empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago, LUMA Energy, advirtió este lunes ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de que declarar nula la extensión de su contrato suplementario podría generar aproximadamente $1,300 millones de coste para la ciudadanía.
"El escrito legal de 65 páginas también revela el grave impacto económico contra el erario que ocasionaría dar por concluido un acuerdo válido, el cual sobrepasaría los $1,300 millones en pagos que el Estado no tiene y que serían transferidos a los ciudadanos", afirmó la compañía eléctrica en un comunicado.
En este contexto, la empresa remarcó que el Ejecutivo no ha presentado un operador sustituto, un plan de transición ni cuenta con los recursos para garantizar la continuidad de la operación del sistema eléctrico en Puerto Rico.
Por su parte, el principal oficial legal de LUMA, Ángel Rotger, aseguró que la petición de nulidad es "improcedente, impracticable y atenta contra el principio más básico de la prudencia" y podría poner en riesgo unos 4,000 empleos directos.
"Resulta sorprendente la ligereza en que el Gobierno atendió este tema al incumplir con la orden judicial de presentar un plan real de transición y sin hablarle al país con honestidad sobre cómo su petición provocaría un aumento en el costo de energía eléctrica, y que inmediatamente detendría los proyectos en marcha para levantar la red y en riesgo los fondos federales destinados para esos fines", apuntó Rotger.
En este sentido, LUMA detalló que podría poner en riesgo unos 6,177 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos de reconstrucción de la red eléctrica.
Por último, la empresa defendió la legalidad de la extensión aprobada en noviembre de 2022 y solicitó al Supremo que declare que es válida.
"El sistema eléctrico es demasiado importante para la vida y el desarrollo económico de Puerto Rico como para dejarlo a la merced de acciones improvisadas, irresponsables y temerarias", concluyó Rotger.