Las autoridades federales mantienen activa una pesquisa sobre la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, que se ha extendido a requerimientos de información relacionados con el subadministrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Juan Avilés, y la actual directora interina de la División Legal, licenciada Nicole Báez.
Fuentes de Prensa Abierta confirmaron que la pesquisa comenzó incluso antes de las denuncias públicas de la exadministradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, sobre las presiones que, según denunció, recibió para la otorgación de un contrato de $38.5 millones. De acuerdo con las fuentes, la pesquisa se originó a raíz de querellas anónimas y posteriormente se extendió a las alegaciones formuladas públicamente por Medina Díaz.
Ayer, Medina Díaz fue entrevistada durante varias horas por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en calidad de testigo.
En el caso de otros funcionarios sobre los cuales las autoridades han realizado indagaciones, las preguntas han estado dirigidas, entre otros asuntos, a establecer las razones por las cuales se insistía en la firma del contrato, pese a cuestionamientos legales planteados previamente sobre su procedencia.
La licenciada Báez fue nombrada directora interina de la División Legal esta semana, luego de la salida de la anterior directora, quien, según información obtenida por Prensa Abierta, se había negado a recomendar la firma del contrato.
A esta pesquisa se suma un nuevo elemento surgido ayer: la presunta inclusión de una “cotización fantasma” atribuida a la empresa Cocoloba como parte de la documentación utilizada para justificar la contratación.
Durante el programa Primer Round de Magic, el senador Juan Oscar Morales reveló que sostuvo una conversación directa con el presidente de Cocoloba, quien, según relató el legislador, negó categóricamente haber presentado una propuesta formal como parte del proceso de evaluación.
El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, había advertido públicamente la semana pasada que las autoridades federales examinarían las denuncias si estas involucraban fondos federales.
“Si hay fondos federales envueltos, nosotros vamos a mirar”, dijo Ramírez Carbó al ser cuestionado sobre la controversia.
La controversia por el contrato de $38.5 millones para el proyecto Star Academy llega hoy al Capitolio.
La secretaria del Departamento de la Familia comparecerá a la 1:00 de la tarde ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado, que investiga las circunstancias que rodearon el proyecto adjudicado a NOLA Education LLC y las alegaciones de la destituida administradora de ADSEF.
Horas antes, a las 10:00 de la mañana, Medina Díaz tendrá que responder a las preguntas de los senadores.
A este escenario se suman nuevas preguntas surgidas de entrevistas recientes realizadas por autoridades federales, según información obtenida por Prensa Abierta.
Entre los asuntos que han sido objeto de preguntas figuran viajes oficiales específicos realizados por funcionarios de la agencia y la documentación relacionada con esos desembolsos. En particular, las autoridades han indagado sobre discrepancias entre determinadas órdenes de compra y las autorizaciones emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Una investigación previa de Prensa Abierta documentó, por ejemplo, un viaje de funcionarios del Departamento de la Familia a Luisiana en diciembre de 2025 para conocer el programa que posteriormente estuvo vinculado al proceso de contratación de NOLA Education.
Asimismo, documentos oficiales divulgados previamente evidenciaron un viaje de Roig Fuertes y dos funcionarios de confianza a San Diego, California, para participar en una conferencia sobre envejecimiento, con una orden de compra ascendente a $11,101.55.
Ahora, de acuerdo con la información obtenida por Prensa Abierta, las autoridades buscan determinar por qué determinadas órdenes de compra relacionadas con viajes no coinciden con las autorizaciones previamente emitidas por OGP y quiénes intervinieron en esos procesos.
La información en poder de este diario digital apunta a que las personas que finalmente realizaron algunos de esos viajes no eran las mismas que aparecían identificadas originalmente en las órdenes de compra, sino funcionarios vinculados al proceso de contratación, además de una ayudante de comunicaciones.