La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, alertó este miércoles de una escalada de restricciones contra la profesión jurídica en Nicaragua, después de que unos 2.000 abogados y abogadas fueran eliminados, sin previo aviso, del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia.
"Estas exclusiones atentan directamente contra el derecho a un juicio justo", afirmó Satterthwaite -en un comunicado- que agregó que la comunidad internacional "debe tomar acciones para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que las autoridades nicaragüenses han tratado de reprimir desde 2018".
La exclusión del registro impide a los profesionales afectados presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales, de acuerdo con la relatora, quien exigió que se ponga fin de inmediato a estos ataques contra el ejercicio de la abogacía.
Según la nota, la relatora especial envió una carta a Nicaragua expresando esas preocupaciones.
La denuncia de Satterthwaite coincide con la advertencia formulada en julio pasado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, que calificó como un "grave golpe" la revocación masiva de credenciales a juristas y advirtió que la medida priva a la población de su derecho a la defensa.
En ese momento, el grupo señaló que entre las presuntas víctimas figuraban exmagistrados y abogados en el exilio, así como antiguos miembros del partido gobernante sandinista y personas sin afiliación política identificable.
Así mismo, el grupo recordó que la reforma constitucional de 2025 despojó al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, al redefinirlo como un "órgano" que la Presidencia "coordina", y redujo de dieciséis a diez el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados tras ser propuestos por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso especial en Nicaragua. Los abogados que han representado a personas privadas de libertad por motivos políticos, defendido los derechos humanos o denunciado abusos del Estado enfrentan restricciones, vigilancia, amenazas, exilio forzado y la cancelación de sus registros profesionales", expresó Satterthwaite.
La experta también mostró preocupación por la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que instruye a jueces y órganos judiciales a comprobar que los profesionales del derecho estén inscritos en el registro del Poder Judicial antes de prestar cualquier servicio.
Según la relatora, esta medida se suma a las reformas constitucionales de 2023 que permitieron la revocación de la nacionalidad nicaragüense y el uso del sistema disciplinario de la Corte Suprema para restringir el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales a profesionales críticos al Gobierno, proceso en el que veintiséis abogados fueron inhabilitados tras ser despojados de su ciudadanía.