La senadora Ada Álvarez Conde anunció este jueves la radicación de una denuncia formal ante la Oficina del Contralor y la Oficina de la Inspectora General para que se investiguen las funciones delegadas por el Departamento de la Familia a la empresa LAP Consulting Group, en particular la evaluación de propuestas vinculada a la entidad NOLA Education.
La legisladora denunció que la secretaria de la Familia delegó el proceso competitivo de evaluación en un contratista privado, a pesar de que la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) contaba con un comité evaluador interno especializado en fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF). Asimismo, señaló que el contrato vigente de LAP Consulting Group al momento de evaluar las propuestas no incluía esa encomienda, la cual fue incorporada mediante una renovación contractual en julio de 2026, meses después de ejecutado el trabajo.
“Estamos solicitando que se investigue por qué se recurrió a un contratista cuando la agencia contaba con un comité evaluador y, sobre todo, bajo qué autoridad contractual se prestaron esos servicios. El uso de fondos públicos exige contratos claros, justificación y cumplimiento con la ley… Añadir una cláusula meses después no contesta la pregunta fundamental: ¿qué autorizaba al contratista a realizar ese trabajo cuando lo hizo? Corresponde examinar el contrato vigente, las instrucciones impartidas, las facturas y cualquier desembolso relacionado”, expresó la senadora Álvarez Conde.
La denuncia solicita a los organismos fiscalizadores determinar si la delegación violó la Ley 237 de 2004 sobre contratación de servicios profesionales, así como auditar las facturas emitidas para identificar si se realizaron desembolsos con fondos públicos o partidas del programa TANF por servicios no contemplados originalmente.
“Los fondos TANF tienen una finalidad dirigida a atender las necesidades de familias vulnerables. Cada dólar debe utilizarse conforme a las normas aplicables. Por eso, necesitamos esclarecer quién autorizó los servicios, si se facturaron, si se pagaron y qué justificación existía para delegar una función que la agencia tenía capacidad de realizar… Mi compromiso es procurar que se conozca la verdad y que los recursos destinados a nuestras familias se administren correctamente. Seguiremos dando seguimiento a esta denuncia y exigiendo respuestas. Seguimos fiscalizando”, afirmó Álvarez Conde.