La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes "firmemente" las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el tribunal como "institución" y advirtió de que la medida supone "un ataque al Estado de derecho" que busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" a quienes trabajan en la CPI.
"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la Corte haga aquello para lo que fue creada", denunció la CPI, que recordó que el tribunal fue establecido mediante un tratado internacional y cuenta con 125 países miembros.
La Corte advirtió de que "nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia" e instó a sus miembros a adoptar "medidas concretas" para garantizar que el tribunal pueda continuar operando, alertando de que "la Corte no puede mantenerse sola" y "la historia juzgará este momento".
La institución considera que la decisión estadounidense busca "perturbar" su funcionamiento e "intimidar" tanto a quienes trabajan para ella como a quienes cooperan con sus investigaciones.
"Las generaciones futuras y, sobre todo, las víctimas de atrocidades masivas preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue atacada", concluyó.
Washington incluyó a la propia CPI en su régimen de sanciones, lo que se suma a las medidas impuestas hasta ahora contra 17 personas vinculadas a la institución, entre ellas jueces y fiscales.
La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
"La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base del derecho y de las pruebas, por el bien de las innumerables víctimas de crímenes graves", aseguró su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, una de las funcionarias de la CPI sancionadas por Trump.
Las medidas anunciadas por Washington implican, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como restricciones a las transacciones con la institución.
Pero el Departamento del Tesoro ha aprobado al mismo tiempo varias excepciones para evitar un corte inmediato de ciertas actividades del tribunal, entre ellas una licencia general de 180 días para permitir ciertas operaciones necesarias para su funcionamiento.
También se autorizarán actividades relacionadas con servicios informáticos, incluidos servicios en la nube y software, y operaciones vinculadas al sistema de pensiones de la Corte y las personas detenidas bajo su custodia.
Estados Unidos explicó que pretende dar tiempo a los países miembros de la CPI para lograr "avances significativos" en soluciones "diplomáticas o jurídicas" que respondan a sus objeciones, y este plazo podrá ser modificado dependiendo "del éxito o fracaso" de esos esfuerzos, dijo.
Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a sancionar responsables de la CPI que participaran en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, pero el tribunal tiene jurisdicción sobre determinados crímenes cometidos en territorios de países miembros, como Palestina o Afganistán.
Aunque las sanciones coinciden con el anuncio esta mañana del Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, que, entre otras, había ejercido como juez de la CPI entre 2003 y 2008, fuentes diplomáticas en La Haya aseguraron a EFE a principios de esta semana que Trump tenía ya previsto anunciar este viernes sanciones contra la Corte como "institución".