La transparencia gubernamental no puede ser un principio que se invoque únicamente cuando resulta conveniente. Tampoco puede estar sujeta a interpretaciones particulares dependiendo de quién administra los fondos o quién resulta favorecido. La transparencia, para ser legítima, tiene que poder demostrarse. Cuando las explicaciones generan más interrogantes que certezas, corresponde ejercer algo indispensable en el servicio público: la introspección.
La controversia que enfrenta el Departamento de la Familia, trasciende las diferencias administrativas. Los cuestionamientos relacionados con la selección de proveedores para administrar aproximadamente $38.5 millones en fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) plantean interrogantes sobre la metodología de evaluación, los criterios utilizados y la equidad del procedimiento.
Resulta particularmente preocupante el señalamiento de que una empresa recibió puntuaciones dentro del proceso, pese a haber expresado que no presentó propuesta y que había comunicado su decisión de no participar. Aunque la secretaria ha distinguido entre una propuesta formal y la información sobre servicios, persiste una pregunta fundamental: ¿cómo se asigna una puntuación competitiva a una entidad cuya participación fue expresamente descartada?
La controversia adquiere mayor relevancia ante los cuestionamientos sobre la ausencia de guías específicas para esta selección. La discrecionalidad administrativa no debe confundirse con la ausencia de responsabilidad. Tener facultad para seleccionar proveedores no elimina la obligación de documentar decisiones, establecer parámetros objetivos y garantizar un trato equitativo.
En Puerto Rico, numerosas organizaciones sin fines de lucro, municipios y entidades comunitarias compiten mediante convocatorias gubernamentales para obtener fondos destinados a servicios esenciales. El propio Departamento de la Familia exige propuestas estructuradas, presupuestos, metodologías de intervención, indicadores de resultados y cumplimiento de criterios rigurosos.
Detrás de cada propuesta existen semanas de trabajo, profesionales comprometidos y comunidades que esperan respuestas. Muchas solicitudes son denegadas por puntuaciones insuficientes, incumplimientos técnicos o limitaciones presupuestarias.
¿Cómo explica entonces el Departamento de la Familia a esas organizaciones que deben someterse a procedimientos estrictos, mientras otro proceso millonario enfrenta cuestionamientos sobre sus criterios de evaluación? ¿Cómo se sostiene la confianza cuando la justicia administrativa parece operar bajo estándares diferentes?
Estas interrogantes no constituyen una adjudicación anticipada de ilegalidad. Corresponde a los organismos fiscalizadores determinar responsabilidades. Sin embargo, tampoco puede exigirse a la ciudadanía aceptar explicaciones que todavía dejan asuntos sustanciales sin aclarar.
La secretaria ha señalado que el contrato no llegó a formalizarse y que no hubo desembolso de fondos. Esa distinción importa. No obstante, la ausencia de desembolsos no valida automáticamente el procedimiento previo. La transparencia comienza mucho antes de emitir un pago.
Existe, además, una dimensión que no podemos ignorar: el impacto sobre nuestra profesión.
El Departamento de la Familia representa una institución fundamental para la protección de la niñez y el bienestar familiar. Su funcionamiento descansa, considerablemente, sobre profesionales del trabajo social que enfrentan diariamente situaciones complejas, recursos limitados y responsabilidades éticas extraordinarias.
En Puerto Rico, donde nuestro colectivo profesional supera los siete mil integrantes, las controversias institucionales pueden repercutir sobre la percepción pública de quienes prestan servicios. Resulta injusto que profesionales comprometidos enfrenten consecuencias reputacionales por decisiones administrativas sobre las cuales no tuvieron participación.
La integridad del trabajo social no debe convertirse en daño colateral de las decisiones de la alta dirección gubernamental.
Tampoco podemos ignorar las implicaciones que estos cuestionamientos podrían tener sobre la confianza de las entidades fiscalizadoras y la administración futura de fondos federales. Sin anticipar sanciones ni consecuencias que no han sido determinadas, resulta indispensable examinar rigurosamente los procedimientos utilizados.
Los jefes de agencia deben comprender que dirigir no consiste exclusivamente en defender decisiones. También exige introspección, reconocer posibles errores y colocar la credibilidad institucional por encima de la necesidad personal de tener la razón.
En esta controversia, todavía existen interrogantes que requieren respuestas verificables.
El Departamento de la Familia merece credibilidad. Sus profesionales merecen respeto. Las organizaciones comunitarias merecen justicia administrativa. Y las familias puertorriqueñas merecen garantías de que los recursos destinados a su bienestar se administran responsablemente.
Porque la verdadera transparencia no consiste en proclamar que se actuó correctamente. Consiste en poder demostrarlo, incluso cuando las preguntas resultan incómodas.