Tras una larga batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico denunció este miércoles que el Gobierno de Puerto Rico actuó como cómplice de las políticas migratorias de Donald Trump, al entregar de forma voluntaria y sin mediar orden judicial los datos confidenciales de más de 6,000 personas inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En conferencia de prensa, la directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona, exigió la renuncia inmediata del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y cuestionó la postura de la administración gubernamental.
La controversia legal, que se prolongó por más de un año y cuatro meses, giró en torno a la negativa inicial de las agencias gubernamentales de entregar las solicitudes de licencias de conducir y aprendizaje emitidas bajo protecciones de confidencialidad locales. Según la organización, la divulgación de estos registros facilitó la persecución, hostigamiento y detenciones injustificadas de miles de personas que confiaron en la promesa estatal de resguardar su información personal. Martínez Orabona sostuvo que la actuación del Ejecutivo y de las instrumentalidades públicas vulneró los derechos fundamentales de las comunidades migrantes en la isla.
«El secretario de Transportación y Obras Públicas fue incapaz de proteger a nuestra gente, a nuestras comunidades y a las personas que bajo su mandato se suponía que esa información tenía que ser protegida, era una información que tenía que ser confidencial y ese mandato de confidencialidad recaía sobre sus hombros», afirmó Martínez Orabona durante su intervención.
La organización documentó que entre los afectados figuran individuos que inicialmente se encontraban en un estatus migratorio irregular al solicitar sus documentos de conducir, pero cuyos casos fueron regularizados posteriormente; aun así, pasaron a engrosar las listas de sospechosos automáticos debido a la filtración gubernamental.
«Nosotros en nuestra oficina hemos recibido muchísimos casos en los que y estamos evaluando muchos casos donde podemos dar fe de detenciones que se dan sin ninguna base que no sea por porque son personas que en algún momento fueron registradas como migrantes por estos registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas», detalló la portavoz.
Asimismo, la dirección de la ACLU calificó de inaceptable el formato en el que el DTOP finalmente cedió los documentos solicitados tras las órdenes judiciales, entregando expedientes compuestos por decenas de páginas con bloques negros que dificultan la rendición de cuentas. Para la organización, este patrón refleja un clima generalizado de oscuridad institucional sobre las actuaciones de las agencias públicas en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
«Este documento definitivamente era público desde el primer día; el gobierno de Puerto Rico decidió mantenerlo oculto, pero lo que sí nos parece bien crítico es que el gobierno de Puerto Rico le dijo, ¿verdad?, a través de nuestra primera mandataria públicamente, dijo días antes que que esta solicitud la hiciera el Departamento de Homeland Security Investigations, ella dijo en una entrevista periodística que aquí la comunidad migrante debía estar tranquila», reprochó Martínez Orabona.
Ante la gravedad de los hechos, que incluyen la vulneración de mandatos constitucionales de confidencialidad y la puesta en riesgo de la vida y seguridad de miles de residentes, la ACLU de Puerto Rico concluyó exigiendo responsabilidades directas al alto aparato gubernamental. La organización sostuvo que tanto las actuaciones del DTOP como la anuencia del Poder Ejecutivo configuran una violación sistémica que amerita medidas drásticas de dimisión en el tren ejecutivo.
«Nosotros entendemos que […] el secretario de Transportación y Obras Públicas debe, como mínimo, renunciar a su posición, porque no es capaz de velar por la protección de los derechos más fundamentales eh de nuestra establecida en nuestra Constitución y ha puesto en riesgo la vida de miles de personas», sentenció la directora ejecutiva de la ACLU.