Frente a las exigencias de dimisión emitidas por ACLU, tras la revelación de documentos entregados al ICE, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, defendió el procedimiento aplicado y ratificó su permanencia en el cargo, argumentando que se actuó bajo un estricto mandato legal.
«No estamos hablando de una carta, no estamos hablando de un email, no estamos hablando de que se entregó nada voluntariamente. Es un subpoena debidamente sometido en ley para entrar a hacerse con toda la información. En ningún momento estamos colaborando con las agencias en estos temas», dijo en declaraciones a la prensa.
Durante su encuentro con los medios, el funcionario desestimó las acusaciones asegurando que las posturas actuales reafirman lo ya expuesto en situaciones pasadas. Sostuvo que, aunque se respeta el derecho a la libre expresión propio de un sistema democrático, el compromiso institucional con la transparencia y el rigor informativo permanece intacto.
Cuestionado sobre la celeridad del proceso y si un plazo de tres días resultaba adecuado para un análisis jurídico profundo, el secretario explicó que la división legal completó la revisión de los datos requeridos de forma inmediata. Aclaró que la dependencia no tiene la potestad de seleccionar qué requerimientos legales acata y cuáles obvia, subrayando que la actuación se rigió estrictamente bajo las recomendaciones del equipo legal.
«Se hizo una evaluación, se se miraron los datos, nosotros no podemos estar decidiendo qué subpoena contestamos, qué otro subpoena no se contesta, ¿verdad? O sea, que se se recibió la información y se contestó a un subpoena, no algo que voluntariamente nosotros sometimos», precisó, agregando que mediante sistema esto puede responderse incluso «el mismo día».
Para cerrar, al ser abordado sobre los pedidos formales de su salida, el titular descartó abandonar sus funciones. Reiteró que, a pesar de las críticas sectoriales, su equipo continuará enfocado en laborar de manera rigurosa y transparente al frente del DTOP.