La Comisión de Familia del Senado extendió hasta el 30 de octubre el término para que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, entreguen documentos y contestaciones relacionados con la investigación legislativa sobre contrataciones, manejo de fondos federales y presuntas irregularidades administrativas.
La prórroga de 15 días, final e improrrogable, fue concedida por la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, Wandy Soto Tolentino, luego de que ambas funcionarias solicitaran por escrito tiempo adicional para cumplir con los requerimientos senatoriales.
El término original venció el jueves, 15 de octubre, sin que se completara la entrega de toda la información solicitada durante la vista pública celebrada el pasado 7 de octubre y mediante una comunicación posterior, fechada el 9 de octubre.
La investigación, autorizada mediante la Resolución del Senado 56, tiene entre sus principales asuntos bajo escrutinio las gestiones relacionadas con la iniciativa Star Academy, que se pretendía desarrollar mediante una contratación de aproximadamente $38.5 millones con la empresa NOLA Education LLC.
La controversia cobró notoriedad tras surgir cuestionamientos sobre el proceso de contratación, la utilización de fondos federales del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y las circunstancias que rodearon la salida de Medina Díaz de la dirección de ADSEF.
Como parte de las indagaciones, la Comisión también examina señalamientos sobre presuntas presiones indebidas en los procesos administrativos y de contratación, así como las versiones ofrecidas por las funcionarias durante sus comparecencias legislativas.
Entre los documentos pendientes figuran expedientes de evaluación y selección de propuestas, comunicaciones oficiales, borradores de contratos, informes administrativos y evidencia relacionada con la administración de fondos TANF.
También se requirió documentación sobre viajes oficiales, autorizaciones y gastos vinculados con los asuntos investigados, además de información que permita corroborar las declaraciones ofrecidas bajo el proceso de fiscalización legislativa.
La amplitud de los requerimientos busca reconstruir cómo se desarrollaron las gestiones administrativas, quiénes participaron en las decisiones y qué documentación respalda los procedimientos cuestionados.
Soto Tolentino indicó que la extensión fue evaluada en consulta con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y posteriormente notificada mediante comunicación formal a las comparecientes y a los integrantes de la Comisión.
“Estamos concediendo este tiempo adicional para que ambas comparecientes entreguen la totalidad de los documentos y las respuestas solicitadas. Nuestra responsabilidad es examinar los hechos con rigor y contar con un expediente completo que nos permita esclarecer las controversias y ejercer nuestra función fiscalizadora”, sostuvo la legisladora.
La senadora advirtió que el nuevo término no estará sujeto a extensiones adicionales.
“El 30 de octubre será la fecha final para cumplir. Esperamos respuestas completas, organizadas y acompañadas de la evidencia correspondiente”, puntualizó.