En una conferencia de prensa celebrada por la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), la presidenta de la organización, Hilda Torres Guzmán, junto al vicepresidente, Jorge Rodríguez Echegaray, anunciaron un ultimátum dirigido a la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El propósito es exigir la inmediata implantación del convenio colectivo 2024-2027 y la viabilización del plan de clasificación y retribución de la matrícula.
Durante su intervención, Torres Guzmán fue enfática en señalar el cansancio del gremio ante la falta de acción gubernamental y universitaria:
«Ya la matrícula de la hermandad se cansó de todas las dilaciones y tropiezos. Este ultimátum es un paso previo a la puesta en vigor del voto de huelga por abrumadora mayoría en la asamblea del pasado 25 de septiembre. No queremos implementar el voto de huelga, pero nos están dejando sin alternativas», expresó la líder sindical.
La dirigencia de la HEEND denunció que las autoridades llevan dos años y medio dilatando la puesta en vigor de un acuerdo que ya fue «negociado, aprobado y firmado por las partes». Según explicó Torres Guzmán, esta situación afecta a miles de trabajadores universitarios cuyos ingresos no logran sufragar el costo de vida actual ni frenan los impactos de las enmiendas a las leyes laborales.
«Nosotros, nosotros, todos nosotros y nosotras no podemos pagar la incompetencia de estas autoridades que dilatan innecesariamente la implantación de nuestro contrato llamado convenio colectivo. Un convenio que no ha sido puesto en vigor por la falta de fondos, sino por la falta de compromiso y incumplimiento de la administración universitaria y de la Oficina de Gerencia de Presupuesto», afirmó de forma categórica.
Asimismo, la presidenta del HEEND calificó como «inconcebible» que la UPR y la Junta de Supervisión Fiscal utilicen tácticas dilatorias mientras el convenio fue aprobado desde mayo de 2024:
«Es inconcebible que la UPR y la junta se estén pasando la papa caliente de carta en carta, cuando el convenio colectivo fue aprobado en mayo del 2024. Y para muestra de su irresponsabilidad, este contrato vence en mayo próximo sin haber sido implantado. El colmo es que se supone que ya estemos negociando el siguiente convenio del 2027 al 2030».
Por su parte, el vicepresidente Jorge Rodríguez Echegaray secundó las denuncias y alertó sobre las presiones financieras impuestas a la institución académica:
«A nuestra universidad la han sometido a unos recortes draconianos que amenazan su operación y ahora también la quieren obligar a que se pare más de 60 millones de dólares de su presupuesto ya precarizado para el nuevo plan. Eso es un crimen contra la institución y contra el país», manifestó Rodríguez Echegaray.
Falta de respuesta institucional ante los reclamos
La organización detalló que se intentaron gestionar vías de diálogo mediante resoluciones entregadas a la gobernadora y solicitudes formales de audiencia a la administración, las cuales —aseguraron— quedaron sin contestación y evidencian «la falta de compromiso y voluntad para resolver tanta injusticia».
Hilda Torres Guzmán cuestionó duramente la postura de la administración universitaria y la falta de empatía hacia la clase trabajadora:
«Usted tiene las manos llenas ahora, no atadas, llenas, porque tiene una responsabilidad […] Hable ahora con la gobernadora, que fue quien la puso ahí, que resuelva esta situación, porque la junta también envía los documentos a OGP y esa oficina, ¿a quién le pertenece? ¿Bajo quién está? ¡Bajo la fortaleza! Y siguen dilatando el proceso, siguen abusando de la clase trabajadora», recriminó directamente.
Los portavoces de la HEEND recalcaron que los empleados continúan firmes en su defensa por la justicia salarial y el respeto a sus derechos adquiridos. Hicieron un llamado general a la comunidad ya los padres para que comprendan que la lucha sindical busca salvaguardar las condiciones laborales y la calidad de los servicios educativos.
«Esto no es un capricho. Esto es un derecho que se negoció en una mesa, que se ratificó por ambas partes […] y cuando decimos ambas partes, la junta de gobierno, que tampoco está haciendo nada, y se firmó», puntualizó Torres Guzmán.
La conferencia concluyó con el respaldo unánime de los presentes al lema de movilización del gremio:
¡Lucha sí, entrega no!