En una contundente manifestación, representantes y portavoces del sindicato magisterial EDUCAMOS dieron inicio a una jornada de denuncias públicas, catalogada como su «primera parada», para exigir al Departamento de Educación el cumplimiento de los derechos de los educadores. Durante el encuentro, los líderes enfatizaron que “para construir una lucha hay que irla construyendo desde abajo”.
El sector educativo alzó su voz para confrontar directamente a las autoridades gubernamentales, felicitando a los “maestros y maestras valientes que se atrevieron hoy a coger la tarde imposible para llegar aquí a darle cara al secretario”, con el objetivo de exigirle “que él cumpla con lo que ha dicho públicamente”.
Los portavoces recalcaron que el objetivo primordial de esta movilización es “garantizar que haya una justicia salarial para todo el magisterio y para el personal que asiste a nuestros niños en el programa de educación especial, los trabajadores uno y los trabajadores dos”.
Uno de los puntos más álgidos de la conferencia fue la denuncia sobre el manejo de los incentivos económicos. Los educadores señalaron que escucharon al secretario y a la gobernadora “anunciando con bombo y platillo que ya tenían los 90.4 millones de dólares para pagar la carrera magisterial”.
Sin embargo, denunciaron que esto representa “un incumplimiento”, ya que, contrario a lo prometido, “la oficina de recursos humanos ha estado llamando a cientos de maestros y maestras para decirles que deben, que les pagaron de más la carrera magisterial y les tienen que hacer un plan de pago”. Ante esta situación, expresaron tajantemente que “eso nos provoca vergüenza ajena”.
El magisterio exigió rotundamente que exista “un cese y desista del acoso laboral y la criminalización del magisterio”. Asimismo, solicitaron que el Departamento de Educación “identifiquen opciones de ciberseguridad sin depender del uso compulsivo del celular personal de todos y cada uno de las compañeras y compañeros que laboran en el Departamento de Educación para entrar en las plataformas”.
En cuanto a las pensiones, los representantes exigieron “retomar las discusiones del retiro”. Explicaron que en el año 2022 “hubo una congelación de las pensiones”, lo que ha dejado a los maestros activos en una situación precaria: “sin una pensión con el 75% del salario, no pueden irse con 30 años de servicio y tienen que esperar entre 62 y 63 años laborando en el Departamento de Educación para tener una pensión totalmente menguada y totalmente mezquina de parte del gobierno de Puerto Rico”. Tras sumar “8 años más de servicio”, obtienen “una pensión miserable” que no compagina con “el alto costo de vida”.