La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía colombiana por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004.
Entre los imputados se encuentran los generales retirados Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y José Leonardo Gallego, quien además está señalado de haber participado en otros crímenes como el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.
"Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas", expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa celebrada en la Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y lugar donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada.
Según la investigación, los hechos comprenden 591 crímenes que dejaron 891 víctimas, entre ellas 87 personas desaparecidas.
La JEP documentó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.
La Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana realizada hasta entonces en Colombia, comenzó el 16 de octubre de 2002 con el objetivo de expulsar a los milicianos de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operaban en el sector.
"La operación fue la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia", explicó el magistrado Óscar Parra, quien agregó que durante el operativo, pese a su objetivo declarado, "se produjeron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos".
Más de dos décadas después, las heridas de la Operación Orión siguen presentes en la Comuna 13, cuyos habitantes han reconstruido parte de su historia a través de expresiones culturales.
Los muros del barrio se han llenado de grafitis y murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de la violencia, pero también reflejan los esfuerzos de la comunidad por mirar hacia el futuro.
Ahora, los exfuncionarios imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.
Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.