La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella formal en contra del exsecretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech Fernández, por presuntamente violar la ley de ética al contratar como su representación legal a la exsecretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, a quien previamente le autorizó un contrato gubernamental de $125,000.
La querella administrativa, registrada bajo el número 27-21 el pasado 29 de octubre de 2026, señala que el 18 de agosto de 2025 Domenech, en su capacidad oficial como Secretario de la Gobernación, avaló electrónicamente una solicitud de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para formalizar un contrato de servicios profesionales a favor de Parra Mercado con vigencia hasta el 30 de junio de 2026.
Sin embargo, el documento de la OEG detalla que tras la salida de Domenech del servicio público el pasado 7 de agosto de 2026, el exfuncionario designó a la propia abogada como su representante legal en un proceso de investigación seguido ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI).
Para la OEG, esta actuación infringe el Artículo 4.6(c) de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Dicha disposición prohíbe de manera expresa que un exservidor público contrate, directa o indirectamente, con una persona privada sobre la cual haya ejercido una acción oficial durante el año anterior a la terminación de su empleo.
Ante los señalamientos, la agencia fiscalizadora solicita la imposición de multas, sanciones civiles equivalentes a tres veces el valor del beneficio económico recibido, y la restitución de los fondos públicos que correspondan. Domenech cuenta con un término improrrogable de veinte (20) días para responder a las imputaciones ante el foro administrativo.
Domenech califica la querella de «interpretación viciosa»
En reacción a la ofensiva legal de la OEG, el licenciado Francisco J. Domenech emitió declaraciones escritas donde rechazó categóricamente los señalamientos, asegurando que la querella «descansa en una interpretación viciosa de la ley».
El exsecretario sostuvo que la postura de la agencia convierte una norma diseñada para evitar el enriquecimiento injusto derivado del poder público en un «obstáculo para el derecho constitucional que le asiste a toda persona de estar representado por el mejor abogado en la materia».
«Esta querella no contiene alegación alguna en donde este servidor se esté aprovechando de alguna manera del cargo que ejerció para obtener un beneficio, ni malversación de fondos públicos. La contratación de un proveedor de servicios que son pagados con los fondos de este servidor, no puede considerarse una infracción a la ley de ética», expresó Domenech.
Asimismo, advirtió sobre el precedente operacional que fijaría la OEG, señalando que la Secretaría de la Gobernación tramita decenas de miles de transacciones anuales, por lo que bajo esta lectura restrictiva los funcionarios de esa dependencia quedarían inhabilitados de contratar a «prácticamente cualquier abogado, médico, contable, o laboratorio, entre otros, con experiencia en Puerto Rico».
Finalmente, Domenech indicó que comparecerá a contestar los señalamientos en el foro administrativo correspondiente para demostrar que el procedimiento no procede, y no descartó acudir a los tribunales si determinara que la OEG se excede de sus facultades legales.