La red de abogados, investigadores y activistas ambientales Coalición Jurídica Transnacional (TLC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una batalla legal en cuatro jurisdicciones europeas contra la mayor cárnica del mundo, la empresa de origen brasileño JBS, y doce de sus entidades colaboradoras, entre las que se encuentran Barclays, BlackRock, ING Bank, EY o KPMG, por la deforestación ilegal de la Amazonía.
En concreto, los miembros de TLC, organización de reciente creación que busca combatir la destrucción de la biodiversidad o el cambio climático causados por abusos empresariales, han presentado de forma coordinada catorce acciones legales por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales contra JBS y sus principales entidades financiadoras, titulares de activos, abogados y auditores.
Según ha informado esta madrugada la red en un comunicado, han interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía de los Países Bajos contra la empresa matriz, JBS N.V., por presunto blanqueo de capitales relacionado con la deforestación ilegal generalizada en las cadenas de suministro de carne de vacuno de JBS en la Amazonía brasileña, incluidos territorios indígenas.
Asimismo, la filial JBS Global (UK) Limited ha sido denunciada ante la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y el organismo regulador financiero del Reino Unido.
También se han presentado otras doce denuncias ante los organismos reguladores financieros responsables de supervisar el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y los Países Bajos, según la misma fuente.
Las denuncias se dirigen contra las principales entidades bancarias de JBS: Barclays, Standard Chartered, Bank of Montreal (sucursal de Londres), Banco do Brasil (sucursal de Londres), Rabobank e ING Bank (Países Bajos); la gestora de inversiones BlackRock Asset Management (Irlanda y Alemania); y los abogados, asesores contables y auditores de JBS en los Países Bajos: Loyens & Loeff, EY y KPMG.
Según TLC, esta actividad delictiva conectada a escala mundial destruye territorios indígenas protegidos, biodiversidad, ecosistemas y las selvas tropicales, que absorben y almacenan millones de toneladas de carbono, contribuyendo a mitigar el cambio climático.
El objetivo de estas acciones coordinadas es garantizar que los responsables rindan cuentas por los graves daños ocasionados, han añadido en un comunicado.
«La deforestación ilegal del Amazonas es un delito, no un modelo de negocio. Las comunidades indígenas y diversos grupos de la sociedad civil llevan décadas luchando contra el enriquecimiento empresarial a costa de esta destrucción», ha dicho la coordinadora de TLC, Bláithín Quigley, que ha avanzado que habrá más acciones legales coordinadas contra la deforestación en la cadena de suministro de JBS.
Para explicar las bases legales de las acciones legales, desde TLC sostienen que la ganadería es el principal motor de la deforestación en la Amazonía brasileña y existe un amplio conjunto de pruebas que vinculan a JBS con décadas de destrucción forestal.
La deforestación asociada a la cría de ganado también tiene consecuencias humanas, según TLC, que ha explicado que en este caso afecta al territorio de los pueblos indígenas parakanã, del estado de Pará, denominado Apyterewa y que ha sufrido la mayor deforestación registrada en un territorio indígena de Brasil desde 2008.