La Asociación de Economistas de Puerto Rico dio a conocer el domingo los resultados de la encuesta, “A diez años de PROMESA: Evaluación de los economistas sobre el desempeño de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico” la cual concluyó que el ente federal tiene una percepción desfavorable sobre su desempeño.
La encuesta, contó con la participación de 51 economistas y se realizó entre el 19 de agosto y el 4 de octubre de 2026.
Los resultados reflejan que el 76 por ciento de los economistas encuestados está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que las políticas impulsadas o aprobadas por la Junta hayan contribuido al crecimiento económico de Puerto Rico. De igual forma, el 75 por ciento considera que estas políticas no han contribuido al desarrollo económico a largo plazo, mientras que el 73 por ciento cuestiona su contribución al mejoramiento del funcionamiento del mercado laboral. La percepción desfavorable también se extiende a los efectos de la disciplina fiscal sobre la actividad productiva. El 76 por ciento de los participantes discrepa de que esta haya tenido efectos positivos sobre la creación de empleos y el 71 por ciento cuestiona su contribución a la creación de negocios.
“Estos resultados plantean interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas implementadas durante la última década. Aunque la reestructuración de la deuda pública y la estabilización de las finanzas gubernamentales constituyen objetivos importantes, estos no necesariamente se traducen en crecimiento económico, aumentos en la productividad o mejoras en el bienestar de la población. La disciplina fiscal no debe convertirse en un objetivo desvinculado del desarrollo económico. Su propósito debe ser establecer las condiciones necesarias para promover la inversión, fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad productiva de Puerto Rico. Los resultados de la encuesta sugieren que una proporción considerable de los economistas no identifica avances suficientes en estas dimensiones”, dijo Julio César Hernández, actual presidente en funciones de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en declaraciones escritas.
La evaluación de la Junta también resulta desfavorable en áreas relacionadas con el funcionamiento del Gobierno. El 71 por ciento de los economistas considera que la supervisión fiscal no ha contribuido a mejorar la eficiencia administrativa gubernamental, mientras que el 69 por ciento cuestiona su contribución a la reducción de la corrupción. Asimismo, el 65 por ciento discrepa de que la Junta haya mejorado la administración del sistema contributivo y el 55 por ciento cuestiona sus efectos sobre la transparencia de las finanzas públicas.
De otra parte, el 63 por ciento de los participantes considera que la Junta no ha contribuido a mejorar la disponibilidad y calidad de las estadísticas producidas por la Junta de Planificación. De igual forma, el 55 por ciento cuestiona su aportación a las estadísticas de empleo y desempleo y el 53 por ciento a las estadísticas del índice de precios. El 73 por ciento de los economistas encuestados considera que este balance no ha sido adecuado bajo la supervisión de la Junta, mientras que solamente el 2 por ciento expresa una evaluación favorable. Asimismo, el 74 por ciento cuestiona la magnitud de la reducción en el gasto de la UPR.
No obstante, la encuesta también identifica áreas en las que las opiniones de los economistas están más divididas. El 44 por ciento considera que la supervisión de la Junta ha contribuido a evitar que los gastos gubernamentales excedan los ingresos, frente a un 32 por ciento que discrepa. Asimismo, el 33 por ciento entiende que el proceso bajo PROMESA ha acercado a Puerto Rico a recuperar el acceso normal a los mercados de capital, mientras que el 45 por ciento expresa una opinión contraria. Estas diferencias sugieren que los economistas distinguen entre los resultados relacionados con el control presupuestario y aquellos vinculados con el desarrollo económico. La estabilidad fiscal constituye una condición importante para el funcionamiento del Gobierno, pero no representa, por sí sola, una estrategia de desarrollo económico.
En términos generales, el 60 por ciento de los economistas encuestados está en desacuerdo con que el desempeño de la Junta desde su creación en 2016 haya sido positivo. Además, el 63 por ciento cuestiona que su impacto general sobre el futuro económico de Puerto Rico haya sido favorable y el 71 por ciento considera que no ha creado las condiciones necesarias para reducir el riesgo de una nueva situación de insolvencia fiscal. En cuanto a la continuidad de la Junta, el 57 por ciento está en desacuerdo con que deba permanecer operando hasta que Puerto Rico recupere acceso pleno a los mercados de capital, mientras que el 31 por ciento favorece esa posición.