La sesión legislativa se encamina a su cierre el 17 de noviembre, con nombramientos pendientes de evaluación y poco tiempo para completar su trámite. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ya había cuestionado que La Fortaleza sometiera 17 designaciones a menos de dos semanas de concluir los trabajos.
Entre esas nominaciones no figura una designación para dirigir el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que continúa bajo la dirección interina de Erwin Álvarez Rodríguez tras la salida de Hiram Torres Montalvo.
También queda en el tintero la permanencia de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ante las investigaciones por presuntas irregularidades en la fallida contratación de NOLA Education. Hasta el momento, La Fortaleza mantiene su confianza en la funcionaria y no ha anunciado su salida. Sin embargo, se comunicó que la funcionara se encontraba de viaje, justamente después de entablar una reunión a puerta cerrada con la primera mandataria.
Por tanto, la pregunta clave es: ¿qué sucederá con los 17 nombramientos a último minuto que fueron sometidos por la gobernadora Jenniffer González Colón?
Bajo reglamento, el Senado se le confiere el poder de aprobar o rechazar los nombramientos. Esto conlleva un proceso largo, donde deben someter documentación extensa y presentarse ante los miembros del Senado para una presentación formal de sus destrezas y capacidades. Luego, llevan la votación al pleno. Un trámite que puede tardar semanas.
De acuerdo con el senador Ángel Toledo, «no hay tiempo» para atender con el debido proceso los nombramientos sometidos. Esto significa que existe una alta probabilidad de que el Alto Cuerpo deje sobre la mesa los nombramientos, por lo que obligaría a la primera mandataria a retirarlos y volverlos a someter en enero al inicio de sesión. Otra alternativa es que hago los nombramientos en el periodo de receso legislativo.
«Los 17 nombramientos que envió la gobernadora, soy muy honesto, si uno quiere velar por las personas que han sido nombradas y garantizarle a ellos un proceso debido, no hay tiempo, sinceramente. No hay forma. No me atrevo jurar que no hay ninguno que se vaya atender pero no he escuchado sobre el tema de los nombramientos. A una fecha tan cercana al cierre de la sesión, es bien difícil atender 17 nombramientos nuevos que llegaron el viernes», expresó Toledo en entrevista con Prensa Abierta.
Entre las designaciones de fiscales y miembros del Poder Judicial destaca la fiscal Sonia Iris Martínez Ortiz (exdirectora de la DIPAC), nominada como jueza superior. También se incluyeron nombramientos para jueces municipales y ascensos dentro del Departamento de Justicia, como el de Roxanne Rivera Carrión a Fiscal Auxiliar III, entre otros nombramientos.
En cuanto a los proyectos de ley que se prevé su aprobación, Toledo adelantó a este medio digital que la Comisión de Gobierno y de los Jurídico que él preside, ya sometió 34 medidas que se estarán bajando al pleno entre hoy, miércoles y mañana, jueves. Este siendo el último día para el cruce de medidas entre ambos cuerpos legislativos.
A diferencia de otros cierres de sesión, Toledo describió la actual sesión como una «bastante fluida» ya que no involucra proyectos de ley controversiales o que estén bajo la presión pública.
«Yo creo que medidas que impactan la energía son una prioridad. Hay una medida que viene de Cámara que viabiliza los pequeños reactores nucleares como una alternativa de generación de energía. Eso ya pasó al Senado y me parece que debe estar atendiéndose entre miércoles y jueves. Hay una medida que está en Cámara, que establece la mayoría de edad a los 18 años que entiendo que se estará atendiendo en Cámara, así como la medida del uso de vehículos oficiales en el Ejecutivo. Pienso que en el Senado y lo que está pendiente en Cámara en este momento, veo que será bastante fluido este cierre de sesión», puntualizó.
De cara al cierre de la sesión legislativa, dos de las iniciativas que más atención pública han generado son la reforma contributiva y la reforma judicial. La primera se mantiene bajo discusión el alivio al bolsillo de los contribuyentes y su viabilidad ante las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal.
La reforma judicial, por su parte, ya fue convertida en ley por la gobernadora Jenniffer González. Su firma culminó el trámite de aprobación de una medida que provocó fuertes cuestionamientos de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, sobre su constitucionalidad y los cambios en la administración de los tribunales. Aunque ya es ley, esos cuestionamientos permanecen.