La alcaldesa de Ponce, Hon. Marlese Sifre Rodríguez, reclamó al Gobierno de Puerto Rico el establecimiento de un plan unificado de país para atender la sobrepoblación, el abandono y el maltrato de perros y gatos. La convocatoria es directa a los 78 alcaldes y alcaldesas a unir sus voces para establecer medidas concretas y exigir acción a la legislatura, el gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal para que asigne los recursos recurrentes que permita adoptar una política pública coordinada que atienda las causas de esta crisis.
“Basta de seguir administrando las consecuencias del abandono mientras el problema continúa reproduciéndose en nuestras calles. Recoger animales, atenderlos y buscarles un hogar es indispensable, pero ese esfuerzo nunca será suficiente si no detenemos las camadas sin control, el abandono y la impunidad. Puerto Rico necesita un plan de país serio, con presupuesto, responsabilidades claras y resultados que se puedan medir”, expresó Sifre Rodríguez.
La ejecutiva municipal sostuvo que la respuesta no puede depender exclusivamente de los municipios, los albergues, los santuarios y las organizaciones de rescate. Planteó que el Gobierno Central debe asumir su responsabilidad mediante una estrategia que integre prevención, educación, servicios veterinarios accesibles y aplicación rigurosa de las leyes contra el maltrato y el abandono.
Sifre Rodríguez advirtió, además, que cualquier plan de país tiene que identificar los recursos necesarios para ejecutarlo. Señaló que los municipios continúan asumiendo directamente los costos relacionados con el recogido, albergue, alimentación, atención veterinaria y manejo de animales, mientras enfrentan mayores limitaciones fiscales, entre ellas la eliminación del Fondo de Equiparación Municipal.
“No podemos seguir transfiriendo responsabilidades a los municipios sin darles las herramientas para atenderlas. ¿De dónde van a salir los recursos para implantar un verdadero plan de país? La Junta de Supervisión Fiscal también tiene que ser parte de esta discusión. No podemos hablar de atender esta emergencia y luego enviarles la factura a los municipios mientras se reducen los recursos disponibles para prestar servicios”, expresó la alcaldesa.
“Los municipios no podemos enfrentar solos esta emergencia. No es aceptable que la respuesta del país descanse en la capacidad limitada de los albergues ni en el sacrificio personal de los rescatistas. Exigimos voluntad, legislación efectiva, fiscalización y recursos. La indignación tiene que convertirse en decisiones y las decisiones tienen que traducirse en acción”, afirmó la alcaldesa.
Sifre Rodríguez identificó cinco fuentes concretas y las presentará a la Asociación y la Federación de Alcaldes para un reclamo unificado:
1. Reserva de Emergencia. Acceso a la reserva que el Plan Fiscal fijó en $1,300 millones para financiar un plan de 12 meses de esterilización y vacunación masiva, bajo una declaración de emergencia de salud pública.
2. Partida recurrente en el presupuesto. Una asignación fija para bienestar animal municipal en el próximo presupuesto certificado por la Junta, distribuida según la carga real de cada municipio y no por goteo ni con condiciones.
3. Fondos del Plan de Esterilización directo a los municipios. Que los recursos del Plan de Esterilización de Animales Domésticos (OE-2026-041) lleguen sin intermediarios a los municipios que ya tienen albergues y clínicas operando, como Ponce.
4. Presupuesto propio para la OECA. Que el Departamento de Salud pida, busque y defienda ante la Junta una asignación recurrente para la Oficina Estatal para el Control de Animales, que hoy opera sin presupuesto propio.
5. Sorteo especial de la Lotería. Que la Asamblea Legislativa apruebe el P. del S. 1256 y lo enmiende para que los albergues y clínicas municipales también puedan recibir esos fondos.
“La Junta va a decir que la Reserva de Emergencia es para lo que no se puede prevenir. Precisamente: esta crisis sí se puede prevenir, pero solo si nos dan el dinero para esterilizar. Cada camada que nace hoy es la emergencia de mañana. Hay mordeduras, hay riesgo de enfermedades, hay accidentes en las carreteras. Si eso no es una emergencia de salud pública, que vengan a explicárselo a la gente”, sostuvo la alcaldesa.
Salud tiene que dar la cara por la OECA
La Ley Núm. 36 de 1984 creó la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), adscrita al Departamento de Salud, para establecer refugios regionales y programas de esterilización en coordinación con los municipios. Más de cuatro décadas después, la oficina opera sin presupuesto propio y con apenas dos empleadas, cubierta por el presupuesto general de Salud. Propuestas de financiamiento de hasta $1.5 millones nunca se materializaron. Y en el nuevo Plan de Esterilización adoptado por orden ejecutiva, el liderato se le asignó a la Compañía de Turismo, mientras a la OECA se le dejó un rol de apoyo sujeto a los recursos disponibles.
“La ley le encargó al Departamento de Salud el control de animales hace más de 40 años. No se puede atender una crisis de salud pública con una oficina de dos empleadas y cero presupuesto propio. El Departamento de Salud tiene que pedir ese dinero en su petición presupuestaria, tiene que buscar fondos y tiene que defenderlos frente a la Junta. Si Salud no reclama los fondos para la oficina que la ley le asignó, nadie lo va a hacer por ella. Y mientras tanto, la factura la seguimos pagando los municipios”, sostuvo Sifre Rodríguez.
La alcaldesa hizo un llamado directo a la Asamblea Legislativa para aprobar el Proyecto del Senado 1256, radicado el 11 de mayo de 2026, que crea un sorteo especial anual de la Lotería de Puerto Rico cada 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Los ingresos netos se destinarían a esterilización, servicios veterinarios de bajo costo, mejoras a albergues y educación sobre bienestar animal. La medida está diseñada para no afectar el Fondo General.
Sifre Rodríguez advirtió, sin embargo, que el proyecto, tal como está redactado, solo permite que reciban fondos las organizaciones sin fines de lucro, y reclamó que se enmiende para incluir a los albergues y clínicas municipales.
“A la Legislatura les pido que aprueben el sorteo ya. Es dinero nuevo, recurrente, que no le cuesta un centavo al Fondo General, y nadie puede usar la excusa fiscal para frenarlo. Pero no nos dejen fuera. Los albergues municipales son los que reciben los animales que nadie más puede recoger. Los rescatistas y los municipios trabajamos juntos en la calle, y el dinero tiene que llegar a los dos. Cada día sin una fuente de fondos son más camadas en nuestras calles”, enfatizó la alcaldesa.
Mientras a los ayuntamientos se les suman responsabilidades, la Junta ha repartido asignaciones parciales, temporeras y condicionadas al cumplimiento de reformas fiscales.
“Nos aprietan el presupuesto y nos dejan la responsabilidad. Hoy un municipio tiene que escoger entre pagar el recogido de basura, la policía municipal o el alimento y las medicinas de los animales en su albergue. Eso no puede seguir así. Los 78 alcaldes tenemos que hablar con una sola voz frente a la Junta”, afirmó.
Lo que Ponce ya está haciendo con sus propios recursos
Desde 2022 hasta octubre de 2026, el Albergue de Animales Salvando Vidas del Municipio Autónomo de Ponce registró 4,723 animales ingresados y 2,504 adopciones.
Desde su apertura, la clínica veterinaria municipal Mi Dogtora, dirigida por la Dra. Verónica Rolán, reporta 726 registros de animales del albergue o del programa TNR esterilizados y vacunados; 282 mediante alianzas con entidades sin fines de lucro; y 261 de clientes privados. A estos se suman 98 animales vacunados en una actividad extramuros el 3 de octubre de 2026. El total asciende a 1,367 servicios o registros de atención, que incluyen animales del albergue, programas municipales, organizaciones colaboradoras y ciudadanos, y que no equivalen necesariamente a 1,367 animales distintos.
Todo eso se sostiene con dinero municipal: nómina, alimentos, medicamentos, vacunas, esterilizaciones, limpieza, mantenimiento de galeras y acondicionadores de aire, vehículos de captura y manejo de desperdicios biomédicos.
“Detrás de cada ingreso hay una vida. Las 2,504 adopciones son 2,504 oportunidades. Pero ningún albergue puede ser la respuesta ilimitada a un problema que sigue creciendo desde su origen, y ningún municipio puede pagarlo solo”, expresó Sifre Rodríguez.