En una decisión histórica, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico aceptó la certificación de clase para una demanda colectiva radicada contra tres de los principales proveedores de planes médicos de la isla. El pleito acusa a las aseguradoras de implementar prácticas sistemáticas e ilegales de retrasar y denegar de forma injustificada las autorizaciones médicas para cirugías especializadas y medicamentos oncológicos costosos.
El juez ordenó el inicio inmediato del descubrimiento de prueba y denegó las mociones de desestimación presentadas por las defensas corporativas. Los pacientes celebran la determinación judicial.