La Contraloría de Puerto Rico informó este lunes que una auditoría suya reveló irregularidades relacionadas con el manejo de fondos destinados a los Centros de Apoyo Sustentable al Alumno, conocidos como Proyecto C.A.S.A., del Departamento de Educación.
La investigación, según explicó en un comunicado la contralora, Carmen Vega Fournier, surgió de una querella sobre alegadas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de Profesional Career Training Corp., entidad que operaba centros del Proyecto C.A.S.A. en Cidra y Peñuelas.
El informe examinó operaciones realizadas entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de septiembre de 2023.
Ante ello, la pesquisa encontró, mediante orden judicial, que entre el 22 de agosto de 2019 y el 30 de junio de 2023, el Departamento de Educación formalizó con el Proyecto C.A.S.A. cuatro acuerdos colaborativos y dos enmiendas por $2,587,677.
Igualmente, entre el 20 de noviembre de 2019 y el 18 de agosto de 2023, el Departamento de Educación pagó $2,349,380 a dicha entidad.
No obstante, entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de septiembre de 2023, el director ejecutivo de la corporación utilizó $57,632 mediante transferencias electrónicas a sus cuentas personales y retiros en efectivo.
Además, según la investigación, dicha persona giró cheques a su favor por la cantidad de $172,088 que no guardaban relación con las informativas sometidas al Departamento de Hacienda por la corporación.
Así, la Contraloría concluyó que los fondos destinados al Proyecto C.A.S.A. fueron utilizados de manera contraria a lo establecido en el contrato, los reglamentos y las leyes aplicables.
De esta manera, la pesquisa reveló que las actuaciones examinadas pudieron haber configurado violaciones a la Ley 1-2011, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.
Como parte de la investigación, funcionarios del Departamento indicaron que para el año fiscal 2023-24 no se renovó el contrato de la corporación debido a deficiencias administrativas e irregularidades en la información contable.
Ante todo ello, la Contraloría emitió referidos a la secretaria de Justicia, al secretario de Educación y al secretario de Hacienda para que evalúen los hechos y tomen las medidas que estimen pertinentes.