La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este lunes el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2026-2027 para fortalecer las reservas del Gobierno y atender necesidades prioritarias y servicios directos a la ciudadanía, una cifra que asciende a 13,174,703,000 millones de dólares.
"Cada dólar que aportan nuestros contribuyentes debe utilizarse con responsabilidad y dirigirse a servicios esenciales para nuestra gente. Estos vetos de línea responden a nuestro compromiso con la disciplina fiscal y con garantizar que los recursos públicos beneficien directamente al pueblo", expresó en un comunicado la mandataria.
Dentro de las prioridades que cubre este presupuesto están la inversión en seguridad pública con aumento en la partida para la Policía de Puerto Rico que incluyen: $1,071 millones directamente en gastos operacionales, $44 millones en aumento de implementación de escalas salariales que no se revisaban hace 10 años.
Así como 15 millones de dólares para compra de equipos, ejemplo chalecos antibalas y otros.
Por otro lado, el Departamento de Corrección tenía asignado en el pasado presupuesto 440 millones de dólares; partida que la gobernadora aumentó en $21 millones este año para un total de $461 millones.
Este presupuesto atiende de manera recurrente trabajar temas de seguridad pública y dota a los policías y oficiales correccionales con mejores equipos y condiciones de trabajo.
El servicio de ama de llaves es clave para las atenciones que requieren los adultos mayores y por ello se incrementaron $5 millones para un total de $20 millones lo que representa servicios a más de 3 mil amas de llaves contratados para nuestros adultos mayores en Puerto Rico.
Del mismo modo, se otrogarán vales de cuido a familias que no cualifican bajo programas federales, permitiendo que padres trabajadores y familias de ingresos limitados puedan integrarse o mantenerse en la fuerza laboral, se asignó para este programa $11.5 millones.
La gobernadora quien firmó la Ley 16-2026, que reconoce a SER de Puerto Rico como Patrimonio del Pueblo de Puerto Rico, en honor a sus 75 años de servicio ininterrumpido y a su impacto en miles de familias puertorriqueñas.
En este sentido, asignó a la institución $5 millones de manera recurrente con el fin de garantizar estabilidad operacional y fortalecer la retención de especialistas médicos altamente capacitados que atienden condiciones complejas.
Para fortalecer la iniciativa 'Hogares' de ADFAN y ampliar servicios dirigidos al bienestar, protección y calidad de vida de la población de adultos mayores se asignaron $15.2 millones.
Asimismo, 17 millones de dólares serán dirigidos a adultos mayores y adultos con diversidad funcional.
El Gobierno también pretende reforzar el reclutamiento y retención de médicos especialistas en el Centro Cardiovascular y para ello, se asignaron $1.6 millones y para modernizar los sistemas de información del Programa Medicaid y fortalecer la capacidad del Gobierno para maximizar fondos federales y mejorar la eficiencia operacional se destinaron $23.6 millones.
También se destinarán 70 millones de dólares en arreglos de carreteras.
El presupuesto originalmente radicado por la ejecutiva ascendía $13,180,532,000 millones, sin embargo el Senado introdujo enmiendas e implementó recortes de $5.6 millones en asignaciones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), fondos destinados a atender riesgos operacionales.
La gobernadora, firmó el presupuesto con una reducción adicional de $5,829,000 millones, haciendo uso de su autoridad constitucional del veto de línea.
Como parte de los vetos de línea, la gobernadora realizó ajustes en la Administración de Servicios Generales (ASG), alineados con la política pública de reducción de gastos operacionales y servicios profesionales.Entre las reducciones realizadas se destacan:
Reducción de $300,000 en puestos de confianza, devolviendo la partida a su nivel original de $1,659 millones ya que la legislatura la aumentó a $1,959 millones.
Eliminación de un aumento de $1,020 millones en servicios profesionales que no formaba parte del presupuesto originalmente sometido por el Ejecutivo.
La mandataria impuso una reducción de $300,000 en servicios legales, disminuyendo la partida de $885,000 a $585,000 y de $300,000 en la partida destinada a los sistemas JEDI 1 y JEDI 2, disminuyendo la asignación de $400,000 a $100,000.
Además, se bajó el presupuesto en servicios profesionales responde a la implementación de los módulos de compras y finanzas del ERP, cuyos procesos automatizados disminuyen la necesidad de contratar servicios externos, promoviendo mayores eficiencias operacionales y ahorros para el Gobierno.
Como resultado de estos ajustes, la ASG contará con un presupuesto de aproximadamente $19.5 millones, manteniendo los recursos necesarios para cumplir con su misión.
Tras la firma del presupuesto y la imposición de los vetos de línea, la gobernadora remitió el documento a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para su evaluación y aprobación final.