La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó el martes que ordenó una investigación administrativa y la reubicación temporal de dos empleados del Área de Licenciamiento de Arecibo por posibles incumplimientos en la atención de un hogar clandestino para adultos mayores.
“Igualmente, debemos aclarar que las posibles actuaciones aisladas de un empleado no representan al Departamento de la Familia, no reflejan el compromiso de la inmensa mayoría de nuestros servidores públicos, quienes diariamente cumplen su deber con integridad, profesionalismo y profundo sentido de servicio. No permitiremos que esa posible conducta de unos pocos empañe la labor ejemplar que realizan cientos de empleados comprometidos con proteger a nuestras familias y, particularmente, a nuestros adultos mayores”, expresó Roig Fuertes en declaraciones escritas.
Ambos empleados fueron asignados temporalmente a otras funciones compatibles con sus puestos mientras concluye la investigación. Según el Departamento, la medida es preventiva y busca proteger la integridad del proceso sin afectar el debido proceso de ley.
La pesquisa deberá determinar si los empleados incumplieron normas internas, reglamentos, instrucciones o deberes relacionados con la fiscalización del establecimiento. De confirmarse alguna violación, la agencia podrá imponer las medidas disciplinarias correspondientes conforme a la evidencia recopilada.
El proceso se relaciona con la intervención en el Hogar Emmanuel, en Arecibo, donde permanecían nueve adultos mayores y que, según el Departamento, operaba sin la licencia requerida. La agencia ordenó el cierre del establecimiento e inició la reubicación de los residentes en coordinación con sus familiares.
Roig Fuertes indicó que también ordenó revisar los protocolos de intervención y manejo de casos, los mecanismos de supervisión, los procesos de fiscalización y los controles administrativos del Área de Licenciamiento para evitar que situaciones similares se repitan.
La secretaria responsabilizó además a las familias que mantienen a sus seres queridos en establecimientos sin licencia, pese a que carecen de la supervisión y las garantías exigidas por ley.
“Resulta igualmente inaceptable que familiares continúen pagando por servicios privados en establecimientos que operan fuera de la ley y permitan, por negligencia o indiferencia, que sus seres queridos permanezcan en lugares que carecen de la supervisión y las garantías mínimas que exige nuestro ordenamiento. La protección de nuestros adultos mayores es una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad”, sostuvo Roig Fuertes.
La funcionaria recordó que el Gobierno concedió una amnistía para que los operadores de hogares regularizaran sus establecimientos y cumplieran con los requisitos legales. También exhortó a la ciudadanía a presentar querellas cuando conozca de hogares que operen sin autorización.
El Departamento informó que continuará con la modernización de sus procesos de fiscalización, la capacitación del personal y el fortalecimiento de la supervisión en el Área de Licenciamiento.