El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, informó el jueves que Carlos Manuel Collazo Pérez, de 75 años y residente de Toa Baja, fue sentenciado a 188 meses de prisión por transportar pornografía infantil, luego de declararse culpable del cargo.
“Cada imagen recopilada e intercambiada representa a un menor que fue víctima, y el volumen abrumador de material recuperado en este caso refleja un nivel de sufrimiento difícil de comprender. La Fiscalía Federal y nuestros socios en el orden público mantienen un compromiso inquebrantable con la protección de los menores y continuarán procesando agresivamente a quienes los explotan”, expresó Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
La jueza federal Gina Méndez Miró también impuso cinco años de libertad supervisada al concluir la sentencia. Collazo Pérez fue acusado por un gran jurado en septiembre de 2025, arrestado al día siguiente y se declaró culpable el 21 de abril de 2026.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre marzo de 2021 y agosto de 2025 el convicto utilizó dispositivos electrónicos con acceso a internet para transportar imágenes y videos de abuso sexual infantil, incluidas imágenes de menores de 12 años.
El análisis forense de una computadora portátil utilizada por Collazo Pérez permitió a los agentes federales ocupar más de 25,500 fotografías y videos de menores involucrados en conducta sexual explícita. La investigación determinó que gran parte del material fue descargado mediante un navegador diseñado para ocultar la identidad y la actividad del usuario en internet.
“La evidencia demostró que Carlos Manuel Collazo Pérez no era solo un depredador infantil, sino un coleccionista activo que acumuló más de 25,000 imágenes de abuso sexual infantil. Esta sentencia representa una victoria para las víctimas y una advertencia para quienes participen en este tipo de delitos”, sostuvo el agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan, Yariel Ramos.
La investigación estuvo a cargo del Grupo de Trabajo de Delitos contra Menores de Puerto Rico, encabezado por Investigaciones de Seguridad Nacional, mientras que la fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora procesó el caso como parte del Proyecto Infancia Segura del Departamento de Justicia de Estados Unidos.