Tras años de litigio y el pedido de desalojo presentado por el Estado a principios de año, la representación legal de Laura Lasanta Rivera y el Departamento de Justicia anunciaron hoy que se encuentran evaluando los términos de un acuerdo preliminar que podría resolver de manera definitiva la controversia sobre la residencia ubicada en el histórico sector San Mateo de Cangrejos, en Santurce.

A la salida de la vista de seguimiento celebrada en la Sala 1002 del Centro Judicial de San Juan, la abogada defensora y Directora Legal del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), licenciada Alicia Díaz Santiago, explicó que las conversaciones sostenidas desde finales de mayo han permitido avanzar hacia una posible solución consensual entre las partes.

«Habíamos estado en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo que preliminarmente ahora nos da algo que creo que va a poner un poco de fin, por el momento, a esta controversia», expresó la licenciada Díaz Santiago a salida de sala donde Prensa Abierta se encontraba. Asimismo, precisó que, a solicitud del Departamento de Justicia, los términos y condiciones del acuerdo se mantendrán bajo confidencialidad, aunque adelantó que se contempla la figura del usufructo.

Laura Lasanta Rivera

Por su parte, Laura Lasanta Rivera reafirmó su determinación de permanecer en la propiedad que adquirió junto a su padre a mediados de la década de 1990 con el fin de garantizar un techo seguro a su familia. «Yo no me voy a mover. Yo me quedo en mi casa hasta que Papá Dios decida», manifestó Lasanta Rivera al ser abordada sobre su permanencia en el lugar.

La única casa en pie de San Mateo de Cangrejos

Para comprender el alcance de este proceso, es necesario remontarse a 2003, cuando el gobierno de Puerto Rico comenzó a ejecutar planes de expropiación en el histórico barrio santurcino de San Mateo de Cangrejos bajo el amparo de la Ley de Rehabilitación de Santurce de 1988. Lo que originalmente se concibió como un plan de redesarrollo residencial, terminó borrando a toda una comunidad vecinal. Las estructuras fueron demolidas y sustituidas por áreas verdes, veredas y un parque urbano que conecta el complejo Ciudadela con el Museo de Arte de Puerto Rico. Sin embargo, la residencia de Lasanta Rivera logró mantenerse en pie gracias a la resistencia comunitaria y a la condición de salud de sus familiares con diversidad funcional, cuya movilidad reducida impidió que el Estado llevara a cabo el lanzamiento.

El litigio cobró un matiz particular con la aprobación de la Ley PROMESA en 2016, estatuto federal que paralizó los pleitos judiciales contra el gobierno. Durante ese periodo de pausa, los familiares de Lasanta Rivera fallecieron, dejándola como la única residente y superviviente del pleito en ese predio. La incertidumbre pareció despejarse en 2023, cuando la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) le notificó mediante carta que no realizaría actos de desalojo mientras ella ocupara la propiedad. Pese a esa garantía formal, el caso legal permaneció abierto en los tribunales sin que se lograra una transacción definitiva para su cierre.

El panorama dio un giro drástico a principios de febrero de este año, cuando en una vista de seguimiento los abogados del Estado solicitaron sorpresivamente el desalojo formal de la educadora de 67 años alegando que le buscaban una vivienda alternativa. La petición ignoraba no solo el compromiso escrito de 2023, sino las implicaciones prácticas para una ciudadana que no conduce y que depende de la ubicación estratégica de Santurce para acceder a pie a servicios médicos y de primera necesidad.