La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) y la Oficina del Zar de Energía, dirigida por el ingeniero Josué Colón Ortiz, refirieron ante el Departamento de Justicia local y las autoridades federales correspondientes las alegaciones de presunta falsificación de firma y uso no autorizado del nombre de la empresa Enchanted Rock en el contrato de $5,000 millones otorgado al consorcio Power Expectations para la generación temporera en la Central Aguirre.
«Hemos puesto la información en manos de las autoridades estatales y federales para que cada una pueda realizar la evaluación que corresponda dentro de su jurisdicción», expresó el Zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué A. Colón Ortiz, en un comunicado difundido hoy.
Según detalló la AAPP, la determinación de acudir a los foros investigativos surge tras evaluar los hallazgos de una investigación encomendada a la Oficina de Adquisiciones de Terceros (3PPO) luego de que el bufete O’Neill & Borges, en representación de Enchanted Rock, presentara las alegaciones el 16 de junio de 2026, semanas antes de la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal y de la cobertura mediática sobre el contrato.
«Ese mismo día, mucho antes de la cobertura mediática reciente y de los posteriores señalamientos de FOMB, la AAPP refirió el asunto al Lcdo. Osvaldo Carlo, principal oficial del 3PPO, para una investigación que incluyera la revisión del expediente del proceso competitivo, el fact-finding necesario y la preparación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones», precisa el comunicado oficial de la dependencia gubernamental.
Asimismo, las autoridades gubernamentales aclararon que la remisión de estas denuncias ante los organismos de justicia estatal y federal no representa una acusación formal ni adjudica responsabilidad criminal a los integrantes del consorcio ni a los participantes del proceso de licitación.
«La AAPP y el Zar de Energía enfatizaron que los referidos no constituyen una determinación de que se haya cometido delito alguno ni una imputación de conducta criminal contra persona o entidad alguna. Corresponderá a las autoridades competentes evaluar la evidencia y determinar las actuaciones que procedan», concluye la declaración institucional.