Opositores al Proyecto Esencia anunciaron ayer una iniciativa con la que procuran que no se apruebe su construcción en Cabo Rojo.
“Si tenemos plataformas e influencia gracias al pueblo, tenemos también la responsabilidad de escuchar y unirnos a las voces de ese pueblo cuando se alza contra la injusticia. El precio nos puede parecer alto hoy, pero nos saldrá mucho más caro quedarnos callados”, puntualizó Eyra Agüero Joubert, portavoz del colectivo en declaraciones escritas.
“Nuestro deber hoy es asegurar un país sostenible para nosotros y para las próximas generaciones, por eso hacemos este llamado particular a la clase artística a que exprese su rechazo a Esencia y endose nuestra declaración”, añadió.
El grupo hizo un llamado a toda la comunidad a sumarse a la lucha contra el proyecto Esencia mediante distintas acciones.
Entre estas, pidió a las personas firmar y compartir en las redes sociales la petición contra el megaproyecto disponible en Change.org; participar en las movilizaciones que realizan diversos grupos desde Cabo Rojo, en otras partes de Puerto Rico y en Estados Unidos; hacer donativos a organizaciones que forman parte de la resistencia contra Esencia, en especial a las que integran la coalición Defiende a Cabo Rojo; contactar a la Legislatura y a las alcaldías para expresar su rechazo al proyecto, para lo cual señalaron que se puede utilizar la herramienta quienmerepresentapr.com para identificar a los representantes de Cámara y Senado; colocar letreros de “Esencia NO va” en hogares, vehículos, negocios u oficinas; organizar actividades comunitarias contra el proyecto; e informarse sobre las razones por las cuales el grupo sostiene que Esencia no debe ser apoyado y divulgar el material disponible.
El proyecto Esencia es un megaproyecto turístico-residencial propuesto para Cabo Rojo, con una inversión estimada en unos $2,000 millones y que contempla alrededor de 1,200 residencias, 500 habitaciones de hotel, campos de golf, un centro ecuestre, una escuela y otras instalaciones.
El desarrollo, impulsado por Reuben Brothers y Three Rules Capital, ha recibido incentivos contributivos que rondan los $498 millones. La propuesta ha generado una intensa oposición de organizaciones ambientales y comunitarias, que cuestionan el impacto sobre ecosistemas costeros, humedales y terrenos protegidos, además de la capacidad de la infraestructura para atender las necesidades de agua y otros servicios.
La controversia creció en julio de 2026 con la radicación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de una consulta de ubicación para permitir el desarrollo en terrenos cuya clasificación vigente limita la construcción.
La oposición reclama vistas públicas y cuestiona el proceso de permisos, mientras los desarrolladores sostienen que el proyecto cumple con las exigencias ambientales y que contará con infraestructura propia de agua y energía. El debate también se ha centrado en la participación ciudadana, el acceso público a las playas y el impacto sobre los recursos naturales en momentos en que Puerto Rico enfrenta una severa presión sobre sus abastos de agua.